LANZAMIENTO DEL LIBRO “LA PAZ NO LO JUSTIFICA TODO” DEL PROCURADOR ALEJANDRO ORDÓÑEZ CONFERENCIA

https://www.youtube.com/watch?v=3fRT88gA5M8

"La paz no lo justifica todo"

 Al valor de la paz no se le puede conferir un alcance absoluto, ya que también es necesario garantizar la materialización del contenido esencial del valor de la justicia y del derecho de las victimas a la justicia, así como los demás derechos de las victimas, a pesar de las legitimaciones legitimas que a ellos se impongan para poner fin al conflicto armado"

EL PROCURADOR LE RESPONDE A LA IZQUIERDA

Bogotá, 14 de abril de 2016

Señora

AIDA AVELLA ESQUIVEL

Presidenta Nacional UP E.S.D.

Señora Avella:

Respecto a su carta del día de ayer: Todas y cada una de las acciones que adelanta el Procurador General de la Nación esta ceñidas estrictamente a las obligaciones constitucionales que le impone el artículo 277 y el Decreto 262 de 2000. Ese marco jurídico obliga a la defensa de los derechos humanos de todos los colombianos, sin discriminación alguna y, por supuesto, de forma preponderante, los derechos de las víctimas de los grupos terroristas FARC, ELN, AUC o de agentes estatales.

Creo firmemente en la urgencia de la paz y en la necesidad de alcanzar pronto el fin de la violencia y del crimen que desatan las guerrillas y las bandas criminales, así como que nurica más exista una violación de derechos humanos por agentes estatales. Pero la búsqueda de la paz requiere superar el lenguaje de odio y de agresión que tanto daño ha hecho en la historia de país, al igual que sujetarse a la realidad de los hechos. La mentira y la estigmatización no contribuye, señora, a la paz.

La paz también exige que la aplicación de la justicia transicional, en este caso, de la restitución  de tierras sea la base de la reconciliación, no de nuevos conflictos.

Sin duda, en Colombia existió el más grave desplazamiento sucedido en el hemisferio; tampoco  cabe poner en cuestión las millones de víctimas, ni la responsabilidad de los grupos armados ilegales y de agentes estatales. Se construye paz reconociendo la responsabilidad de todos y la que a cada uno corresponde, incluidas las de las estructuras políticas y aquellas que en la sociedad civil fueron funcionales para esas organizaciones criminales. Los discursos políticos no pueden justificar los graves crímenes contra la humanidad.

Ciertamente, detrás de las masacres sobrevino el desplazamiento y luego el despojo de tierras. El estado social de derecho que nos rige no puede aceptar que los victimarios queden en la impunidad y no cumplan reclusión efectiva  y proporcional a la gravedad de los crímenes cometidos, sin importar  quienes hayan sido. No  es coherente pedir penas severas para los paramilitares  al tiempo que justificar que por iguales atrocidades los perpetradores de las FARC ni cumplan un solo día de reclusión. La misma rigurosidad cabe frente a los despojadores. No debe distinguirse entre los despojadores para favorecer  a unos u a otros. Todos son iguales.

Aida Abella, Vasquez del Real y Manuel Cepeda participaron, según el DAS, en masacres de militantes de su mismo partido y otros

La ley de Víctimas y de Restitución de Tierras es un instrumento para la paz, no para generar nuevos  conflictos. Lamentablemente, requiere ser ajustada para fortalecer la restitución, nunca para frenarla, ponerle obstáculos o desmontarla, como algunos han señalado.

¿Cuál es la observación de la Procuraduría? Múltiples sentencias judiciales corroboran que si bien procedió la restitución, en algunos casos quienes aparecían como propietarios del predio no tuvieron ninguna relación con el hecho victimizante, ni con los victimarios. Por el contrario, compraron la tierra de buena fe, pagaron el precio que correspondía y no existió ningún tipo de presión en la transacción del bien. En determinados eventos se trató de personas que son cuartos o quintos en la cadena de tradición del predio, por completo ajenas al contexto de violencia.

El experto en materia de tierras, Alejandro Reyes, quien fue asesor del Gobierno Nacional en la elaboración, discusión y aprobación de la Ley 1448 de 2011, comprometido defensor de la restitución, describió la siguiente situación en el diario El Espectador, el pasado 5 de diciembre:

“La violencia pasa su cuenta de cobro a la población porque se deteriora la economía y todos los  activos, tierras, viviendas y empresas valen menos. Cuando se supera la violencia y se restablece la inversión, los activos se valorizan de nuevo en cabeza de quienes se quedaron con ellos, bien sea porque no vendieron o porque compraron a quienes emigraron fuera del territorio. En ambos casos, se trata de una valorización no sólo lícita sino también legítima en cabeza de quienes resistieron la violencia.

Muchos reclamantes de tierras han visto en la ley de restitución una oportunidad para recuperar la valorización que perdieron cuando abandonaron la región. Al reclamar los predios valorizados de vuelta, definen a /os actuales dueños como victimarios y despojadores, les imponen la carga de probar que adquirieron de buena fe exenta de culpa y los exponen a que Ja justicia Jos despoje legalmente de su propiedad, con una compensación en el mejor de Jos casos. Esta es una situación a todas luces injusta para Jos dos participantes en el proceso: injusta Ja pérdida patrimonial de quien es tratado como despojador sin serlo, e injusto el enriquecimiento sin causa para el reclamante que no fue despojado y consigue deljuez la restitución del predio”.

El Procurador Ordóñez, visitando las comunidades

El experto registra el siguiente caso: “En las regiones donde predominó el abandono forzado sobre  el despojo propiamente dicho, como los Montes de María, hubo un activo mercado informal de tierras entre conocidos y vecinos, que ahora muchos vendedores quieren revertir, causando inseguridad en Ja tenencia, para capturar el mayor valor de Ja tierra trabajada por otros”.

Esa es la realidad. La Procuraduría no puede estar pasiva ante denuncias como ésta. El papel del Ministerio Público de velar por la vigencia del orden jurídico y defender los intereses de la sociedad. No llamar la atención del Gobierno Nacional y negarse a escuchar a todos los sectores de la sociedad por igual sería faltar al deber constitucional.

Más allá de los discursos de consigna, los hechos muestran que muchas de esas personas son humildes campesinos y trabajadores rurales, no testaferros de las FARC,. el ELN o las AUC. No se puede generalizar calificando de criminales a quienes actuaron en el marco de la ley y de ninguno modo tienen relación con aparatos delincuenciales.

La Ley se hizo para perseguir al despojador, no para criminalizar al campesino o al empresario. El Estado tiene la obligación de restituir la tierra y reparar a las víctimas, pero no puede desconocer el debido proceso, los derechos de los demás ciudadanos, ni consagrar presunción de delincuente según la condición socioeconómica que se tenga o los odios de clase.

Lo que se debe hacer es garantizar plenamente los derechos de las víctimas a la restitución, perseguir judicialmente a los despojadores y garantizar los derechos de quienes adquirieron tierras de buena fe y legalmente. Hacerlo es indispensable para evitar nuevos conflictos y nuevas víctimas. La reconciliación solo se podrá lograr administrando justicia y garantizando los derechos de todos.

Atentamente,

Alejandro Ordóñez Maldonado

TOMADO DE 

http://s3.amazonaws.com/periodismosinfronteras/wp-content/uploads/2016/04/20205746/carta-de-procurador-a-Aida-Avella.pdf

COLABORACIÓN DE  http://www.periodismosinfronteras.org/respuesta-del-procurador-ordonez-a-aida-avella.html/carta-de-procurador-a-aida-avella

PERMISIVIDAD CON FARC ES EL NUEVO ENFOQUE ANTIDROGAS DE SANTOS: REPRESENTANTE SANTIAGO VALENCIA

Bogotá 20 de abril de 2016. El representante a la Cámara Santiago Valencia González cuestionó este miércoles si la permisividad con las Farc es el nuevo enfoque de la política antidrogas del presidente Santos ante los desastrosos resultados durante su administración.

De esta manera el Representante respondió a la propuesta que el Gobierno Nacional hizo en la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS 2016). 

“Es un enfoque el cual depende de la voluntad de las Farc para erradicar los cultivos ilícitos, entregar rutas y acabar con el negocio del narcotráfico. Es ingenuo e irresponsable pensar que así se terminará con este delito ¿No será que la permisividad con las Farc es el nuevo enfoque antidrogas de Santos?”, sostuvo Valencia. 

El Congresista afirmó que “si bien estamos de acuerdo en que no se debe judicializar al adicto y se le debe tratar clínicamente, el Estado no puede abandonar su obligación constitucional de perseguir este delito y combatir efectivamente la producción de estupefacientes”.Valencia fue enfático en decir que “el mencionado nuevo enfoque de la lucha contra las drogas de Santos no puede estar por encima de los derechos colectivos con grave riesgo para la seguridad”. 

Al tiempo que le exigió al Gobierno no seguir ocultando la verdad sobre este flagelo, el Representante sostuvo que es urgente “implementar una verdadera política antidrogas, que enfrente todos los sectores de la cadena, que reduzca la producción, acabe con los carteles y atienda al adicto”.

Valencia criticó el reconocimiento tardío del Ejecutivo frente al aumento de los cultivos ilícitos y el fracaso de la suspensión de las fumigaciones con glifosato, tras continuas advertencias hechas por el Centro Democrático. 

En debate realizado el 2 de septiembre de 2015 en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, Valencia demostró la inexistencia de una verdadera política antinarcóticos en las administración Santos. 

“En esa ocasión expuse cómo los cultivos ilícitos aumentaron en un 44 por ciento al pasar de 48.189 hectáreas en 2013 a 69.132 en 2014, ubicando de nuevo a Colombia como el mayor productor de cocaína del mundo”, manifestó.

Tomado de : http://www.santiagovalencia.com.co/index.php/boletines-de-prensa/241-permisividad-con-farc-es-el-nuevo-enfoque-antidrogas-de-santos-representante-santiago-valencia

MARCO CONCEPTUAL DE LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y SU RELACIÓN CON EL GOBIERNO CORPORATIVO1 RUTH ALEJANDRA PATIÑO JACINTO YULLY MARCELA SEPÚLVEDA ALZATE - ANA MARÍA BALCÁZAR DAZA

Resumen El presente artículo, es una reflexión del vínculo existente entre el gobierno corporativo y la información financiera, específicamente, a partir de la revisión de lo contenido en el marco conceptual de los International Financial Reporting Standards (IFRS) y su relación con lo enunciado en los códigos de gobierno corporativo en cuanto a características necesarias en la información, esto se logra, a partir de una revisión documental y de reflexiones personales acerca del tema en cuestión. Se identifica que, el Marco Conceptual, presenta algunas diferencias con las características de la información solicitada por el Gobierno Corporativo, especialmente, en lo referente a los objetivos de la información. Palabras clave: Gobierno corporativo, Marco conceptual, Transparencia en la información.

The conceptual framework of the International Financial Reporting Standards and its relation to corporative government Abstract This paper is a reflection on the link between corporative government and financial information, specifically by a revision of the conceptual framework of the International Financial Reporting Standards (IFRS) and their relation to what is stated in the rules of corporative government regarding to the necessary characteristics in the information. This is made by a revision of documents and by reflecting on this topic. We conclude that the conceptual framework has some differences with the characteristics of the information required by Corporative Government; specially in what relates to the objectives of the information. Key words: Corporative government, conceptual framework, transparency of the information

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COMENZARON LAS EXPROPIACIONES CHAVISTAS EN COLOMBIA

No, esto no es una retaliación de un presidente tahúr y sinvergüenza, como ingenuamente creen algunos; es el proyecto criminal de los terroristas y sus cuadros políticos para empezar golpeando de muerte la propiedad privada, la libre empresa y la democracia total

Ricardo Puentes Melo

Por Ricardo Puentes Melo

Octubre 15 de 2015

Era febrero 7 de 2010. No daba crédito a lo que veía en la televisión. Hugo Chávez caminaba con el alcalde del municipio Libertador en Caracas, acompañados de un séquito de infernales, y preguntaba, como en una parodia bananera: “Chamo, ¿y ese edificio de allá a quién pertenece?” A lo cual el alcalde le respondía si era propiedad privada o no. Si lo era, Chávez respondía: “Exprópiese de inmediato..!”

Eso me parecía una especie de film surrealista, una payasada más del tiranozuelo que no llegaría a mayores. Pero llegó. Hoy Venezuela tiene un déficit fiscal de más de 50.000 millones de dólares, una cifra alucinante que tiene en la miseria al país más prometedor de la región.

Nadie creía en el 2010 que a la propiedad privada, protegida constitucionalmente en Venezuela, se le aplicaría aquello que reza en letra menuda en artículo 115: “(la propiedad privada) estará sometida a las condiciones, restricciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general”, y sólo podrá ser expropiada bajo “justa indemnización”.

Eso de “justa indemnización” es tan etéreo y tramposo como las palabras del general Mejía quien asegura que el Ejército será transformado para “servir a los más altos intereses de la nación”, para después de la entrega a las FARC, salir a decir que esos eran los “altos intereses” a los que se refería.

El asunto es que Hugo Chávez, quien prometió respetar la propiedad privada (al igual que lo promete Santos), quien aseguró que no era comunista (al igual que lo hace Santos), terminó quitándose la careta (al igual que lo hará Santos) para reconocer que sí era marxista y que empezarían las expropiaciones y la cubanización de la economía.

Se expropiaron empresas, tierras, edificios, negocios medianos y cuentas bancarias con la excusa de que esto era beneficioso para Venezuela. Se inició una campaña mediática para mostrar a los empresarios como sanguijuelas sedientas de dinero, explotadores de los pobres y fichas del imperio. Y con una opinión pública manipulada por el odio y la lucha de clases, el tirano y su camarilla fueron robando a los empresarios mediante imponerles multas exorbitantes, quebrando sus industrias.

“Oye, pue’ ¿y ese edificio de quién es? !Exprópiese!,” Chillaba Chávez

Juan Manuel Santos ya empezó esto en Colombia. Ya ha expropiado tierras a empresarios agrícolas bajo acusaciones de paramilitarismo, y la campaña de expropiaciones apunta a cumplir la meta de 9 millones de hectáreas que las FARC reclaman para poner a funcionar sus republiquetas del crimen, que ellos y el gobierno llaman “Zonas de reserva campesina”.

En la agenda del Foro de Sao Paulo, además del adoctrinamiento marxista de las Fuerzas Militares, de la cárcel o el patíbulo para la oposición y del saqueo a las arcas públicas, es necesario anular a los empresarios que defienden el modelo liberal de economía, la propiedad privada y la libre empresa, así como la libertad de prensa. Esa es la agenda que sigue Juan Manuel Santos, bautizado por la inteligencia cubana con el alias “Santiago” .

En julio de 2014 el complejo azucarero Manuelita celebró sus 150 años y Santos, como presidente de la República, fue invitado principal. En medio de la ceremonia don Henry Eder, un patriarca de casi 90 años pronunció el discurso central y en algún momento de éste le dio por mencionar a Uribe y dijo que él había sido lo mejor para el tema de seguridad en toda la historia de Colombia. Todos los representantes de los ingenios azucareros se levantaron a aplaudir a Eder y Santos no tuvo más remedio que morderse los labios de la rabia.

A continuación, Santos lanzó su discurso con una frase amenazante: “Muchos de los que Henry llamaba la comunidad azucarera no me acompañaron en estas elecciones. Y yo me hacía la pregunta con algunas personas ¿por qué?”

Ese fue el vaticinio de lo que se vendría. A los pocos días atacó a los políticos que apoyan a los azucareros y les quitó las carteras ministeriales. Y la semana pasada consiguió que la Supertindentencia de Industria y Comercio multara a los ingenios del Valle con la estrambótica suma de 100 millones de dólares, acusándolos falsamente de impedir las importaciones de azúcar al país. Nadie dijo cómo podían los empresarios impedir importaciones, siendo esto de la órbita del mismo gobierno de Santos, pero el caso es que necesitaban una excusa para quebrar a los azucareros. Y están a punto de lograrlo.

Colombia solamente produce el 1% de la totalidad mundial de azúcar, pero este solo sector aporta el 4.7% del PIB agrícola nacional y el 56% del PIB agrícola de la región.

Cañaduzal del Valle

Según cifras de Fedesarrollo, este renglón provee sustento a 2.152.000 familias, es decir, cerca de 10 millones de personas.

La verdad es que nunca las importaciones se han obstaculizado (¿Cómo podrían hacerlo?) y, por el contrario, los TLC que firmó Santos con otros países deja mal parada la industria nacional ya que mientras se permite el ingreso de azúcar extranjero al país, se prohíbe rotundamente el azúcar colombiano en otros países.

Tampoco es cierto, como asegura el gobierno de Santos, que el azúcar colombiano sea costoso. La verdad es que el azúcar nacional es el segundo más barato del mundo, después del azúcar brasilero.

Lo que sucede acá es mucho más grave que una simple venganza de Santos contra el sector azucarero por haberse

Juan Manuel Santos con Henry Eder y Harold Eder

atrevido Eder a decir que Uribe frenó la guerrilla e impulsó el desarrollo del país.

Si miramos las cifras, estos 100 millones de dólares superan en cinco veces al patrimonio de la asociación de azucareros, Asocaña, en tanto que las FARC, en un solo año, tienen utilidades de 800 millones de pesos. Mientras a los empresarios se les quiebra, a los narcoterroristas se les premia con impunidad y con la promesa de que sus capitales derivados del crimen no serán tocados.

Lo que en realidad está pasando es que Juan Manuel Santos, siguiendo el libreto escrito desde Cuba, va a quebrar a los industriales colombianos mediante una multa impagable para, luego, expropiar a la industria azucarera con el fin de “salvarla”.

Eso es lo que pretende. Eso es lo que ya empezó a andar en Colombia. Eso es lo que Castro, Timochenko y Santos han planeado desde hace muchos años.

No, esto no es una retaliación de un presidente tahúr y sinvergüenza, como ingenuamente creen algunos; es el proyecto criminal de los terroristas y sus cuadros políticos para empezar golpeando de muerte la propiedad privada, la libre empresa y la democracia total. No hay que olvidar que Juan Manuel Santos, al igual que la familia Galán y los cabecillas de las FARC, nunca en su vida han hecho cosa diferente a vivir de la teta del Estado y de los impuestos de los colombianos. Santos, al igual que los otros, desprecia a los empresarios que han forjado su capital con esfuerzo y dedicación.

¡Alístense vallunos..! Pronto tendrán en las mesas directivas de ASOCAÑA, ANDI y FEDESARROLLO a Timochenko y sus secuaces. Ya lo verán.

Porque deben saber que la única industria que Juan Manuel Santos protege con ahínco, es la industria del secuestro y el narcotráfico.

@ricardopuentesm

ricardopuentes@periodismosinfronteras.com

Tomado de http://www.periodismosinfronteras.org/comenzaron-las-expropiaciones-chavistas-en-colombia.html