lunes, 18 de mayo de 2020
CLAUDIA VS. DUQUE
https://www.elmetropolitano.com.co/claudia-vs-duque
Bolívar a la convención de Ocaña, febrero 29 de 1828 planteo lo siguiente: “¿En qué potestad más eminente depondría yo el bastón de presidente, y la espada de general? Disponed libremente de estos símbolos de mando y de gloria en beneficio popular, sin atender a consideraciones personales, que os impidan una reforma perfecta".
En días anteriores el doctor Iván Duque se vio obligado a recordarle a la señora Claudia López, alcaldesa de Bogotá, que él es el presidente de la República, ya que en una clara puja por el poder político, López manifestó de forma desmedida que Bogotá no “está lista para que el 27 de abril salgan al mismo tiempo los sectores de la construcción y las manufacturas como lo ordenó el Gobierno”. Lo que originó una serie de reflexiones acerca de cómo está compuesto el poder político y administrativo en el país.
Y es que no es para menos, es necesario que surja una reflexión de todo esto, pues tenemos que las dos dignidades mas importantes de la República se encuentren enfrentadas en medio de una crisis de salud, donde urge tomar un rumbo y decisiones eficaces que conduzcan a conjurar la crisis de la mejor manera.
En ese orden de ideas, se me viene a la mente que después de ver tal espectáculo de pugilismo político, resulta más beneficioso eliminar la elección popular de alcaldes y gobernadores y de las grandes ciudades.
Porque cuando el primer administrador del municipio no garantiza eficazmente la prestación de los servicios administrativos o, lo que es peor, torpedea las decisiones urgentes de su superior jerárquico, eso automáticamente rompe la confianza de los ciudadanos.
Esa actitud por parte de la señora alcaldesa rompe la tranquilidad y la seguridad de los bogotanos y de paso del país.
No puede ser que en vez de promover el orden, la integridad y la armonía institucional del poder ejecutivo, sea ella la primera en salir a tirarle piedras a una medida que por necesidad es urgente aplicar, ya que la economía no se puede parar, si esta se detiene no habrá los recursos suficientes para solventar los gastos que esta generando la pandemia. Gústenos o no, el problema nos enfrentó a una realidad: luchar contra el coronavirus y luchar contra el hambre, de las cuales la última es el pan de cada día de muchos colombianos, una realidad que se enfrentan por las mañanas al dirigirse a la alacena y no encontrar alimento paran proveer a sus familias.
Y con ese tipo de actitudes de malandrín de barriada, no queda de otra que decir que para que opere armónicamente el poder ejecutivo no es viable continuar con la elección popular de alcaldes en los municipios ni departamentos, mucho menos en la capital del país, pues esas -elecciones populares-, al día de hoy se encuentran permeadas por populismos engañosos de dudosa solvencia moral y ética, que están soportados en intereses de predominios locales, de pasiones bajas casi que facciosas, y grupillos que lo único que hacen es daño a la institucionalidad y a la capacidad de gobernar, y por ende, impiden hacer efectivas las decisiones que tome el presidente de la República.
En una democracia tan cuestionada como la de Colombia donde el dinero sucio fluye en los procesos electorales a manos llenas y sin control en los procesos, es necesario considerar la viabilidad de una reforma constitucional que permita que los alcaldes y gobernadores san nombrados por el poder central de ternas enviadas por las asambleas departamentales y el Congreso.
TRAS LA PANDEMIA, IMPUESTOS
Una cosa es segura y es que la pandemia del COVID-19 expuso a la administración pública y la dejo mal parada, le pasó la cuenta de cobro de años de ineficiencia y cobro de impuestos -costosos e injustificados-, valorizaciones sometidas a ausencias de reglas técnicas serias y viables, para nada sostenibles, y como si fuera poco, demostró que nuestro aparato productivo, el de verdad, es débil y requiere de ayudas serias por parte del Estado colombiano para sostenerse.
No es para menos, los empresarios a duras penas logran subsistir por sí mismos, ni que decir de los microempresarios y de las personas naturales que se han visto perjudicadas por la pandemia, es una realidad.
Esto me lleva recordar una frase de Murray N. Rothbard que señalaba que: “Es fácil ser notablemente compasivo cuando otros son obligados a pagar los costos de “la compasión””. Se le exige el pago de impuestos a los empresarios, se les demanda sostener sus nóminas laborales sin producir y los amenazan tras del hecho con multarlos si no aseguran la permanencia de sus empleados; adicionalmente, salen a pedirles colaboración económica para soportar la pandemia… pobre sector productivo del país, explotado y anegado.
A lo anterior se le puede sumar las personas naturales que viven del día a día, a los que se les impone la obligación de permanecer en sus casas, pero a los "gurús" de la planeación se les olvida el pequeño detalle de que muchos en el país y en Bogotá viven del “rebusque”. Como quien dice: “muéranse de hambre, pero no de coronavirus”.
Conforme avance el virus el contagio continuará, es inevitable. Entonces surgen preguntas como: ¿Por qué razón el sector productivo del país debe pagar tan altos impuestos y -en el caso de Bogotá- por qué los ciudadanos deben pagar el predial?, los romanos eran sabios y ellos señalaron siempre que en derecho: “nadie está obligado a lo imposible”.
Ahora bien, llevamos casi dos meses anulados económicamente, a lo que se le suma que en días anteriores varias zonas de la ciudad fueron declaradas en alerta. ¿Cómo se pretende reactivar la economía?, ¿cómo se pretende asegurar el empleo?, ¿cómo se pretende mantener el pago de normal impuestos? Es definitivamente ilógico, injusto e irresponsable.
Por lo demás, cobrar impuestos en este momento es un atentado serio a la libertad y a la estabilidad social, Friedman premio Nobel de economía señalaba que, “los derechos de la propiedad no son únicamente una fuente de libertad económica. También son la única fuente de libertad política”, y si se atacan a los únicos agentes que generan empleo en el país y cuentan con una propiedad, equivale a condenarlos al hambre y la miseria. Bien reza el dicho, “tener casa no es mucha riqueza, pero no tenerla es mucha pobreza”, por eso es menester crear alivios tributarios serios para todos los estratos, sin excepción; unas exenciones que sean viables, porque de repente, por pagar un impuesto inoportuno, el Estado puede este dejando a un colombiano sin su puesto de trabajo o quebrado.
Le llegó el momento a la administración pública de aplicar el “derecho económico”, de apartarse de los planes personalistas y los intereses burocráticos, es necesario que los servidores públicos recuerden que “la esencia de una libertad del lado de las personas, es la libertad de apartarse de las formas tradicionales de pensar y de hacer cosas” como lo señalaba Ludwing Von Mises. Llegó la hora de actuar distinto, de la eficiencia y el servicio.
La Justicia social hoy significa romper con el marxismo y el keynesianismo, pensar en ser más amigables con el empresario y el trabajador, que no necesitan más impuestos, tampoco subsidios, basta con que se les garantice unas reglas del juego claras, y no se les hurte el fruto de su esfuerzo.
@jonathandel333
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