El Partido Conservador Colombiano está en
deuda con el País. Perdió su horizonte, sus ideales y su
responsabilidad todo por votar el proyecto de reforma a la
justicia y al mantener el silencio cómplice con el marco jurídico para la
paz de aquellos que han cometidos crímenes de lesa humanidad.
El partido conservador se liberalizo, y, lo que es
peor se Santifico con el Tiempo. En otras palabras se desnaturalizo con un
cuento chino, de lograr una armonía fingida, construida supuestamente por
el respeto de los derechos humanos de aquellos que siempre los han
violado. Donde con el Tiempo y la falta de carácter se construyó un
discurso de apoyo muy aburrido, empalagoso, que lo único que
transmite, es la actitud de un de un gobierno narcisista,
sensiblero, mentiroso y nada preocupado por los resultados reales y si
por el contrario apoyado por encuestas mentirosas y convenientes.
El conservatismo de hoy sustituyo todas las
sus motivaciones ideológicas, en las que se fundó, cambio por un
manojo de nada o mejor aún; por una muy mala fama, entre otras muy
bien ganada. Permitieron que se les lavara el cerebro, por ideas
flojas y sin fundamento. Se liberalizaron, se dejaron faltar al respeto
por ser tímidos y tibios. POR NO TENER CARÁCTER NI TIEMPLE.
Esta colectividad nunca será creíble ni seria
mientras siga en esa tónica manzanilla con el presente gobierno ya que
hoy por hoy, esta política no representa el
patriotismo, ni el respeto por los valores naturales y mucho menos
las familias naturalmente constituidas. SER CONSERVADOR AL INTERIOR
DEL PARTIDO OFICIAL REPRESENTA ‘’LA NADA.’’
El PCC se merece lo que tiene por ser
Santista. Por seguir un juego flojo, mentiroso, por endiosar al hombre que no
respeta a sus semejantes, por jugar a la política de enanos y no por
hacer alta política.
Estos conservadores oficialistas no son más que
un caballo de Troya contra la verdad nacional, que a su
vez se encuentran apoyados de los ex presidentes liberales,
incluso de aquellos que no saben leer, que buscan lograr un lúgubre
aquelarre fundado en la falta de respeto por la dignidad nacional donde
simultáneamente se han dedicado a una persecución sin fundamento de sus
propios ideales.
Por eso y solo para describir en estas
breves líneas lo corto del pensamiento los hombres cobardes y necios que
no merecen ser autoridad, ni respeto alguno por dejar de lado sus principios,
es menester decir nuevamente “LOS CONSERVADORES DE VERDAD ESTÁN FUERA DEL
PARTIDO CONSERVADOR’’ así que quien no actúa limpiamente no
tiene la autoridad para enfrentar el autoritarismo extranjero. No tiene
autoridad para emitir una opinión seria. Y merece ser condenado a la
vergüenza. Por eso como diría Bolívar a Mariano Montilla: “’ el que
aplica paños calientes solamente, no es más que un practicante y nunca sube a
protomedico” así que llego el momento de definirse o somos conservadores y nos
retiramos de esa mentira de la unidad nacional o el País se pierde en manos de
Unidad Nacional que se encuentra infectada por esa letanía izquierdosa
que contagio a los representantes del Caro y Ospina quienes se ven
obligados a recitar el credo mamerto de un humanitarismo fingido propio
de la demagogia y las malas costumbres políticas. JONATHAN FERNANDO DELGADO MEDINA. @jonathandel333
“Los gobiernos para existir necesitan ser el resultado
de las necesidades sociales, el centro de todas las fuerzas, la reunión de
todos los intereses.”
Donoso Cortes
Con la firma del Proceso de Paz de la Habana, el Acuerdo
Comercial Ue.-Colombia-Perú es necesario señalar que para el caso colombiano
los acuerdos internacionales se deben interpretar desde la Constitución
Nacional ya que Artículo 224 que dice: “…deberán
ser aprobados por el Congreso”, así pues hoy por hoy tenemos que los acuerdos ratificados
por el legislativo colombiano, deben confrontarse con los Acuerdos de Paz de la
Habana y el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú.
Ahora bien, teniendo en cuenta que después de una lectura sumaria del texto (Acuerdo de Paz), se deprenden rápidamente asuntos cuestionables
como los siguientes; “la provisión de condiciones e incentivos a la producción
y a la comercialización de productos”, los
“apoyos directos para el fortalecimiento productivo, con el fin de que en la
economía campesina, familiar y comunitaria se eviten o minimicen los impactos
negativos que supongan la internacionalización de la economía y la
liberalización del comercio.” Con base en lo anterior se puede apuntar a una presunción que consiste a -que hay una confrontación con los asuntos
tratados en ambos documentos-, es decir, que para el caso en concreto se
presenta una falla por parte del legislador que no midió el alcance de los Acuerdos
de Paz en cuanto a los tratados internacionales en materia comercial.
En ese orden y condicionando la nueva dinámica política-economía y jurídica, es evidente que
se generen impactos propios de un análisis económico de los fenómenos jurídicos
que en ambos textos se tratan así como la relación que
va a afectar los tratados internacionales suscritos con otros estados. Así
pues parafraseando el -Tratado de Paz- se desprenden obligaciones del gobierno
como son: las de fomentar y encadenar alianzas productivas entre productores,
comercializadores, que garanticen la competitividad y mejoramiento de las
condiciones de vida de los colombianos tal y como se refiere el punto 1.3.3.6. en cuanto a la asociatividad.
Adicionalmente,
no es este el único punto del pacto suscrito por el gobierno relevante, ya que
también impone otro punto que es el 1.3.4. que se
refiere a un
-sistema para la garantía progresiva del
derecho a la alimentación- y lo establece como una la obligación de generar
garantías respecto de temas alimentarios, en aspectos como la calidad del
producto, calidad nutricional, generando una conducta de política-legislativa-programada
y sistemática donde-, se resalta en palabras del Acuerdo de paz que:
“La política alimentaria y nutricional en las zonas
rurales se basa en el incremento progresivo de la producción de alimentos,
la generación de ingresos, y en general la creación de condiciones de bienestar
mediante los planes nacionales de acceso a tierras, infraestructura, riego, vivienda y agua potable, asistencia
técnica y capacitación, mercadeo, crédito, la promoción de formas asociativas
basadas en la solidaridad y la cooperación, y demás planes establecidos en el
presente acuerdo.” subrayado fuera del texto
Que no es otra cosa que el desarrollo de esquemas de soporte
para -fortalecer, desplegar y consolidar la producción en el mercado interno
(dejando de lado el los acuerdos comerciales suscritos), y que a su vez imponen
una ayuda técnica-científica, encauzados a suscitar la economía campesina,
familiar y comunitaria, ambiental para que sean socialmente sostenibles y a su vez autosuficientes, resumiendo lo desarrollado
en el Acuerdo de Paz.
Así salta a la vista que cualquier acuerdo comercial
suscrito por Colombia y que en adelante se suscriba con el país, se verá
duramente afectado, ya que se está realizando una medida proteccionista
regresiva impuesta y que busca justificar el Acuerdo de Paz.
Ahora bien, si se confronta lo antes señalado con la
lectura del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia y Perú y a su
vez parafraseando -el Artículo 29
numeral 2- y haciendo un análisis consecuente
y sumario de algunos de sus artículos, se observa que se pueden generar salvaguardas
sustentadas en las cantidades de la mercancía que dependen de su volumen y si
estas exceden el nivel de activación se debe proceder con los
remedios previamente establecidos.
Ahora bien, si a lo anterior se le suma la lectura del artículo 35 que se refiere a las funciones del
Subcomité De Acceso A Mercados en sus literales b y c y se confronta al momento
de aplicar los acuerdos de la Habana “Acuerdos
de Paz”, en cuanto al lo referente al sistema para la garantía progresiva del
derecho a la alimentación, se generaría una confrontación respecto de tratamientos procesales en lo referente a
estas materias que son distintas y cuentan con condiciones diferentes y se
logra observar a su vez que hay disconformidad de propósitos, ya que en el “Acuerdo
de la Habana” de una forma u otra establece como ya se dijo unas medidas de
protección para el comercio (alimentos) que son un límite y estas están respaldadas
directamente por el estado, es decir; que se
generan condiciones internas que afectan la aplicación del tratado
UE-COLOMBIA PERU en cuanto al acceso al mercado so pretexto de implementar
lo acordado en la Habana.
Adicionalmente
si se complementa el punto que se refiere al Subcomité De Asuntos Agrarios con el artículo
36 numeral 2 literales b y d donde se establece que se tiene la obligación de
(b) “resolver cualquier obstáculo injustificado” y (d) “evaluar el desarrollo
del comercio agrícola entre las partes y el impacto entre de este acuerdo en el
sector agrícola de una de las partes, así como el funcionamiento de los
instrumentos de este acuerdo, y recomendar cualquier acción apropiada al Comité
de Comercio…”, se puede ver como hay
un ocioso vacío legal entre ambos textos,
ya que mientras de un lado se está buscando el desarrollo del comercio
internacional, el Acuerdo de la Habana genera políticas, programas que limitan
el acceso al mercado y por ende a la libertad de comercial.
De modo pues que frente a este caso del asunto agrario,
se debe prestar atención ya que hay un
grupo de interés que es un potencial adquirente de bienes y servicios, (Europa)
pero a su vez existe un régimen de monopolio estatal (Colombia) constituido por
la regulación estatal establecido por los -Acuerdos de Paz de la Habana- que
son sobrevivientes a la firma del acuerdo comercial y que restringe la
actividad económica y por ende la aplicación del Tratado.
Se logra identificar que hay un grupo con intereses
económicos y políticos (un acuerdo político con un grupo marxista) que se sirve
del estado colombiano para alcanzar sus fines mediante acuerdos y practicas
concertadas y sometidas a lo pactado en la Habana aun no implementada.
También es necesario resaltar que se pueden ver afectados
los derechos de propiedad en cuanto a la función de la regulación de la función
social, y a desincentivar aquellas dinámicas técnicas y políticas que estén
orientadas a aumentar los beneficios económicos.
Palabras más palabras menos se tienen una legislación
vigente internacional pro-libre comercio, y una legislación interna
proteccionista que es la antítesis de la realidad económica y comercial que
vive el mundo.
3.Ordoñez, A. (2016). La Paz No Lo Justifica Todo, Procuraduría General De
La Nación Instituto De Estudios Del Ministerio Público ISBN, 978-958-734-182-9.
P 1 a la 183.
4.Pierluigi Chiassoni, El Análisis Económico Del Derecho Editorial
Palestra ISBN, 978-612-4047-99-2 P1 a la 341.
El exprocurador Alejandro Ordóñez.Es prudente al decir que no está en campaña, que solo se dedica a lo que siempre ha hecho: opinar. Y no deja de hacerlo.En la última semana, por ejemplo, se le oyó el condicionamiento que le puso al Partido Conservador para llegar a sus filas (que esté en la oposición de Juan Manuel Santos); pero también ha tomado la bandera de ‘meter’ en el escándalo de la posible financiación de Odebrecht al vicepresidente Germán Vargas Lleras, porque en su opinión también es directamente responsable.Lea también: Procuraduría abre investigación a junta directiva del Banco Agrario por caso Odebrecht.Tiene claro que si los sectores que promovieron el No en el Plebiscito por la Paz se unen para el 2018, la victoria estará más cerca. Por eso no descarta una gran consulta.En política el país está agitado por estos días, ¿se nos adelantó la campaña presidencial?Las circunstancias que vive el país han puesto sobre la palestra temas que van a ser propios de la próxima campaña política, pero pienso que sería prematuro iniciar esas actividades propiamente dichas, pero lo cierto es que el ambiente se está calentando y la opinión pública está tomando atenta nota de lo que pase.¿Pero usted ya está en esa autopista de la campaña presidencial?Cada día trae su afán, yo lo que decidí cuando salí de la Procuraduría es permanecer en la vida pública, y lo importante es tener claro cuáles son los temas más sensibles para abordar. La decisión particular la tomaré en el momento más oportuno, lo que tengo claro es que seguiré actuando con el mismo talante.¿Por qué dice usted que el vicepresidente Vargas Lleras también es responsable en el tema de Odebrecht en la campaña del 2014?Aquí tanto el presidente Santos como el vicepresidente Vargas tienen que asumir la responsabilidad política de lo que ha acontecido, una campaña presidencial tiene esa responsabilidad, son las cabezas de ella.No se pueden hacer los locos y es indudable que allí está pasando algo muy grave, dineros destinados para sobornar terminaron al parecer financiando la campaña del presidente Santos y el vicepresidente Vargas. De ser eso cierto y por los grados de deslegitimidad de este gobierno les debería llevar a renunciar. La Fiscalía, el CNE y la Procuraduría deben llegar prontamente a la verdad. ¿En su opinión, el fiscal Martínez modificó su postura tras el anuncio de que esa plata llegó a financiar la campaña Santos-Vargas?Yo confío en Néstor Humberto Martínez, pienso que la distorsión es la presentación mediática que sectores del Gobierno han pretendido hacer. Lo que sí es claro es que esa conducta tiene consecuencias penales, que es lo más grave. Puede haber lavado de activos, pudo haber conciertos, falsedades y la Fiscalía debe investigar y acusar si existen las pruebas.También hay temas de carácter disciplinario de los funcionarios no aforados, la Procuraduría debe intervenir y hay temas que por ser secundarios no son menos importantes como los administrativos, relacionados con la violación de topes. ¿Comparte usted la percepción de que Odebrecht es el nuevo Proceso 8000?Yo le encuentro muchas similitudes, son dineros ilícitos que al parecer estuvieron al servicio para elegir a una fórmula presidencial, el presidente Santos y el vicepresidente Vargas Lleras, son dineros ilícitos de la corrupción que habrían terminado en una campaña electoral. El origen puede ser diferente porque en el 8000 eran del narcotráfico, pero ambos son escenarios judiciales y tienen que definirse judicialmente. La forma de actuar tanto de Odebrecht como del narcotráfico es igual, financiaron campañas políticas. Pero ese ‘elefante’, al parecer, también se le metió a la campaña de Óscar Iván Zuluaga…Desde luego que sí, pero aquí hay dos escen arios. Uno que tiene que ver con un partido político y su candidato. Pero el otro escenario es donde está un funcionario público, el Presidente de la República y el Vicepresidente, que al parecer fueron elegidos con dinero provenientes de sobornos. ¿Le preocupa que la investigación esté ahora en manos de un ente de poca credibilidad como el CNE?El Consejo Nacional Electoral es el órgano al que la institucionalidad le tiene asignadas esas funciones, nunca había tenido semejante chicharrón.Es la prueba de fuego, la ciudadanía estará muy vigilante para que sean prontos, veraces e independientes porque si aquí hay algo que golpea la credibilidad del establecimiento es la falta de independencia, para ponerla al servicios de intereses particulares. A ese régimen precisamente han ingresado las Farc, estamos frente a un acuerdo de élites que tiene secuestrado lo público. ¿A qué se refiere cuando habla de esas élites?Una élite oligárquica y corrupta a la que pertenecen Juan Manuel Santos y Germán Vargas, aliada ahora con una élite criminal que representan las Farc. Esas dos élites secuestran la autoridad, la ponen al servicio de intereses lícitos e ilícitos, desconociendo el ordenamiento jurídico.¿Cómo ve la implementación de los acuerdos de paz que se vienen haciendo en el Congreso?Ahí hay dos temas que son gruesos, que se deben abocar en su momento y que desde luego este gobierno no lo va a hacer. Uno es la gran dosis de ilegitimidad que tiene el acuerdo de La Habana, porque fue desconocida la voluntad popular el 2 de octubre, lo segundo porque fue refrendado por quien no podía hacerlo. Tampoco se ha garantizado la no repetición de los actos contra la sociedad civil, la renuncia al narcotráfico, la entrega de las armas, la desmovilización, son temas que no pueden permitirse, así como la entrega de los niños que es una prueba del incumplimiento de las Farc.¿Por eso es que a usted no le gusta el proceso de paz?Es que a Ordóñez le gusta la justicia, porque la paz es fruto de la justicia. Y esta es una paz sin justicia verdadera. Todas las advertencias que hicimos se han venido configurando.¿Cómo habría negociado usted ese proceso de paz?Se hubiera podido llegar a un acuerdo con justicia, sin privilegiar a los victimarios, sin sacrificar a las víctimas, respetando los mínimos internaciones. Se podría haber acordado la reducción sustancial de las penas, se podían haber acordado muchas cosas, pero se terminó en un acuerdo en el que se sacrificó a las víctimas y privilegió de los victimarios, en últimas en un proceso en donde se legitimó políticamente a las Farc.¿Qué opina de la Justicia Especial de Paz?La Justicia Especial para la Paz es una justicia para la venganza, es un instrumento concertado con las Farc, para vincular a muchas personas a efectos de que se diluya la responsabilidad de los criminales de guerra, de los delitos de lesa humanidad. Se trata de igualar al ciudadano con los criminales de las Farc.¿Cómo piensa que será su competencia política con las Farc?Desde luego será un debate en donde se enfrentarán concepciones de sociedad, de Estado, de libertad, yo siempre mantendré la misma conducta, aunque no se en qué escenario político estaré dentro de un año, pero sí estaré opinando de la misma forma que hago hace tantos años.¿Y cómo enfrentará entonces a Uribe o su candidato que también serán su competencia?Cada día trae su afán, lo importante son las causas antes que los hombres y hay una coincidencia con los sectores que estuvimos en el pasado plebiscito, todos estos sectores de diversas naturaleza deben coincidir a efectos de afrontar el debate político.¿Entonces ve un solo candidato de los sectores del No en el plebiscito?Es un deber patriótico, creo que se llegará, habrá diferentes formas, puede haber consulta popular, no se quienes intervendrán, pero lo que se observa es una necesidad patriótica en que coincidamos los diferentes sectores que estuvimos con el No. ¿Por qué condiciona su llegada al Partido Conservador a que se vaya a la oposición de Santos?Le pedí al partido declarar la oposición al gobierno Santos-Vargas Lleras porque es la antítesis del conservatismo. El partido repudia la corrupción, este gobierno fue elegido con dineros de sobornos; el partido defiende a la familia, el gobierno ha diseñado políticas contra la familia; nosotros combatimos la impunidad, este gobierno la promueve.Todo esto con el concurso de dos funcionarios conservadores, con el propósito, en un caso de destruir la clase media, como lo es con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas; en el otro para construir impunidad, el doctor Juan Camilo Restrepo. Los frutos políticos de esas gestiones nos van a afectar, por todo esto he pedido que se debe entrar a la oposición.
Las presentes líneas tienen como objeto exponer los motivos por los cuales presento mi renuncia formal al Partido
Conservador Colombiano, que son los siguientes:
1.Me
encuentro totalmente en desacuerdo con los procesos democráticos internos y su
manejo, así como con las decisiones políticas
que la colectividad ha tomado. Y que han sido fruto del apoyo a un gobierno abiertamente
ilegitimo.
2.No es
entendible que un partido que dice representar la justicia y el derecho decida apoyar y
legitimar un proceso de paz con un grupo narco—terrorista (FARC) que a su vez,
es un reconocido violador de derechos
humanos.
3.No es de
recibo que el partido apoye sin cuestionar las determinaciones abiertamente inconstitucionales
que tomo el Presidente de la República Juan Manuel Santos, como por ejemplo:
a.La evidente
sustitución constitucional y desconocimiento del principio democrático con ocasión
del plebiscito.
b.El grosero
y premeditado desconocimiento de los derechos humanos justificando el proceso de paz.
c.El apoyo a
una política agraria fundada en una ley de “restitución de tierras” que establece una clara violación al debido proceso, y al principio de buena fe establecido en la
Carta Política, sin que al día de hoy el PCC haya ejercido un control político serio
respecto de la aplicación de la norma.
d.Las
actuales directivas del PCC no defienden la doctrina conservadora.
Por estas razones y muchas otras, lamento profundamente
no poder seguir militando en la colectividad después de más de 21 años de
reconocida actividad conservadora.
Libertad y Orden. Nro. 99. Venezuela Represión y Muerte. 27-04-2017.
