PABLO VICTORIA

Discurso en Convención Conservadora Noviembre 2016

https://www.youtube.com/watch?v=_H9YABYaum4&feature=share

LIBERTAD Y ORDEN. NRO. 86. HACKERGATE, TEATRO COLÓN. LUIS FELIPE ARANGO. 24-11-2016

https://www.youtube.com/watch?v=VsrkMb4HfBQ

"ANDRES PASTRANA JEFE UNICO DEL PARTIDO CONSERVADOR" VA LA BARCA SOBRE LA TOMA DEL PARTIDO CONSERVADOR

*LA BARCA DE CALDERON*

VIERNES 7 DE OCTUBRE DE 2016

Por WILLIAM CALDERON Z

*LA TOMA DEL PARTIDO CONSERVADOR*

En reunión sostenida el miércoles en la sede de la Corporación Siglo XXI participaron entre dirigentes los ex ministros Carlos Holguín Sardi, Rubén Darío Lizarralde, el Vicedecano de la "Checho" Arboleda, Santiago José Castro y Dionisio Araujo, ex director ejecutivo de Fenalco capítulo de Bogotá.

Los asistentes revisaron la situación de la colectividad, pues ya es evidente que el actual Directorio Nacional y la bancada parlamentaria están acabando con un partido que ayer cumplió 167 años y que podría perder su personería jurídica, pues esta se encuentra impugnada por la decisión de apoyo al SI en el plebiscito, lo cual indirectamente implica que se

constituyeron los supuestos para la suspensión de la Personería Jurídica, por cuanto hace más de 8 años no se adelanta convención para la integración del Directorio Nacional, según lo argumenta el jurista Pedro Felipe Gutiérrez.

*UNA DIRECCION ALTERNA*

Se comentó que este sábado 8 de octubre terminan sus periodos todos los directorios conservadores a nivel nacional. De manera que al parecer la próxima semana el Partido Conservador deja de tener directivas en todos los

municipios de Colombia. Se ha pensado en proponer que los actuales representantes a la Cámara asuman un papel protagónico, aprovechando que sus votos no son de los senadores. Nombres como los de Jaime Felipe Losada,

Heriberto Sanabria y Orlando Guerra salieron a flote para que asuman la dirección alterna

*ANDRES PASTRANA JEFE UNICO*

De igual modo, se sugirió que el ex presidente Andrés Pastrana podría asumir la jefatura única, siempre que los parlamentarios se comprometieran a respetar su autoridad y evitar negociar sus "tajadas" con el gobierno.

Quedó claro en la reunión que el gran responsable de la debacle conservadora es el ministro e Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien ha repartido mermelada a diestra y siniestra, sin contar con el Directorio Nacional Conservador.

*“FINCHO” QUIERE TOMARSE EL PARTIDO*

Se sabe que van a pedir la convocatoria, cuanto antes, de la Convención Nacional Conservadora, pero que la misma esté acompañada de observadores internacionales, pues el “mermelado” Efraín Cepeda (al parecer) ha dicho privadamente que tiene todo listo para tomarse la convención como sea, pues no piensa cometer los mismos errores de 2014.

Mientras tanto, para este fin de semana está prevista la salida de Barguil, el yerno del ex presidente Gaviria, de "Las Acacias", el inmueble ubicado en el Barrio La Soledad porque "ya no vive nadie en ella".

EL ESTADO SITUADO DENTRO DE LA NACIÓN

 La realidad política forma parte de la realidad social que es, de suyo, dinámica, dialéctica, contradictoria, conflictiva. Está en el devenir, fluye, evoluciona. Toda situación de poder suscita la contraria; la que, a su vez, exige soluciones que, nuevamente, generan problemas y, así, sin termino.”

Luis Carlos Sachica

Planteamiento Inicial

“Algunos autores consideran que el fenómeno de la administración o agencias independientes se constituye en un desmembramiento del estado lo que ha generado que el mismo varié la concepción del estado al ser este un poli-centrismo administrativo; sin embargo otro sector de la doctrina considera que el citado fenómeno es una nueva forma de administración en el ejercicio del poder público por parte del estado. ¿Cuál de las condiciones explica mejor el fenómeno teniendo en cuenta el modelo internacional, lecturas y los contenidos del programa?

Introducción

El fenómeno propuesto se desarrolla bajo una evolución histórica, nada pacifica,  por el contrario conflictiva y dinámica dependiente de los nuevos aportes sociales, técnicos, culturales y políticos, razón por la cual, se hace necesario describir de manera sumaria la realidad de la administración que a mi modo de ver pierde espacios habida cuenta que en el trasegar de sus funciones se anquilosa o mejor a un, no es capaz de reaccionar a la dinámica social y tecnológica que se impone hoy en día.

Un ejemplo como un entremés,  se refiere al caso de la telefonía celular, que para la década de los noventas se presentaba en todos los casos como primero un lujo, es decir no era de fácil acceso para el público salvo un contado grupo de personas, no mucho tiempo después,  se logró comercializar el celular y a pesar de que su acceso era oneroso era adquirible,  con el trasegar del tiempo era impensable que este dispositivo pudiera contener internet o mejor aún conectase a la red o web.

Hoy por hoy resulta increíble lo que se puede hacer con un celular, correspondencia, fotografía llamadas y muchas otras cosas que han provocado una nueva dinámica social tecnológica y por ende jurídica.

El anterior ejemplo es definitivamente diciente y como se lograra observar desde ya –el estado no se encuentra en capacidad de asimilar la evolución social y tecnológica a la velocidad que se presenta-, y, en honor a la verdad,  las ramas del poder público que resultan más afectadas son la ejecutiva y la legislativa, siendo esta ultima la más perjudicada ya que en muchos casos y por la carencia de conocimientos técnicos sobre materias específicas le impide actuar con eficiencia y eficacia y claridad conceptual sobre materias específicas.

A continuación se tratara de dilucidar y describir cual realidad es la más evidente, si aquella que se refiere al desmembramiento del estado lo que ha generado que el mismo varié o si por el contrario lo que prima  es una nueva forma de administración en el ejercicio del poder público por parte del estado.

Comentario preliminar

 De antemano es necesario decir  los órganos reguladores se refieren  necesariamente a la autonomía propia que deben tener de las otras ramas del poder público, muy a pesar de las “señales legales confusas” que puedan perjudicar el desarrollo de la función para la cual están pensados,  para tal fin resulta imperativo resaltar por ejemplo; que lo que se entiende como un órgano regulador y que no puede estar sometido a otra entidad o sujeto de derecho público toda vez que se puede ver comprometida su autonomía técnica.

En otras palabras, la actividad reguladora no debe depender ni de cuestiones políticas, que impidan el adecuado desarrollo de sus funciones, atendiendo a que en sí mismo lo que se busca es plantear una serie de pautas sociales que encuadren de manera efectiva aquellas situaciones civiles que  eventualmente puedan generar alguna disfunción en la actividad regulada, que provoque alguna infracción a las pautas señaladas y esto debe realizarse de manera técnica e independiente alejada de cualquier tipo de influencia que afecte su criterio o ejercicio. Esto se encuentra sustentado por el Profesor Jaime Vidal Perdomo quien en su momento planteo lo siguiente:

“La parte de mayor interés surge con el desarrollo de la existencia de un «núcleo» de autonomía reconocido que puede ser desagregado en el elemento estructural, que advierte que el órgano regulador no puede; ser una dependencia más ni una unidad dentro de otra; el funcional, según el cual las decisiones del regulador no pueden estar supeditadas a ratificaciones o revocaciones de otras autoridades de manera general e indiscriminada; desde el punto de vista de la dirección, finalmente, los funcionarios que orienten el órgano regulador no deben estar a merced del apoyo político de un superior ni a complacencia de su gestión, transcribe la sentencia de lo alegado por el coadyuvante.

La conclusión es que la subordinación orgánica de las Comisiones Reguladoras al presidente de la República es contraria a la autonomía que debían tener, por lo cual el art. 68 debería ser declarado inconstitucional. El remate argumentativo es que las Comisiones por la subordinación se convierten en un apéndice administrativo en lugar de reconocerlas como «agencias estatales».” (Subrayado y negrillas fuera del texto)  Las Comisiones De Regulación De Servicios Públicos En La Jurisprudencia Constitucional Colombiana Por Jaime Vidal Perdomo  Pg 436.

En ese orden de ideas para el profesor Vidal resulta claro que las agencias estatales deben ser totalmente independientes al poder del ejecutivo ya que esto afectaría su autonomía técnica  y por el contrario resultarían altamente afectadas en cuanto a su ejecución, tal y como se había mencionado en párrafos anteriores.

Ahora bien, no sobra echar un vistazo de cómo se desarrolló dicho fenómeno para tal efecto se debe resaltar una serie de implicaciones históricas de fenómenos sociales que sin lugar a dudas, afectaron o mejor aún confluyeron a que el estado cambiara su enfoque administrativo, haciendo posible identificar la actividad regulatoria.

En ese sentido es necesario hacer reminiscencia de lo siguiente,  para los años treinta se presentó una crisis de carácter económico debido a la dinámica propia del mercado que  en su momento no dio las soluciones requeridas por la sociedad, lo que hizo inevitable la intervención del estado, entendido -como un agente necesario para solucionar los problemas generados por la falta de políticas públicas- en busca de la  contención para evitar los abusos presentados por los particulares hasta ese momento.

Un vistazo histórico.

En el transcurso del siglo XX se plantea  el tema habida cuenta que la administración pública no puede estar involucrada en todos los aspectos de  la vida y dinámica social, y es en esta última fase que aparece el estado regulador, por la misma razón de que el estado no es capaz de garantizar el bienestar de los ciudadanos ya que se vuelve inoperante y poco competente.

Así la función de esta nueva administración pública, lo que pretende o busca es que se regularicen las prácticas competitivas creando sistemas y procedimientos que limiten o impidan los abusos que se puedan generar en el mercado, Germán Darío Valencia Agudelo ilustra de una mejor manera este  fenómeno:  

“Un ejemplo claro de la disputa entre estas dos vertientes se presentó, en el tercer decenio del Siglo Veinte, con la llamada Crisis de los años treinta. Allí las políticas económicas de mercado no lograron presentar soluciones a la crisis, y terminó por imponerse las acciones del Estado. Es precisamente en la tercera década donde nace una nueva forma de actuar el Estado, forma que se desarrolla y consolida en el decenio de 1960, pero que finalmente, después de cinco décadas, trata de desaparecer y abre paso al Estado regulador. En esta nueva forma de Estado su intervención se dirige a colocar barreras de entrada a la competencia (monopolios legales), a exigir licencias y registros a empresas, a restringir precios a ciertos bienes y servicios, a autorizar lugares para localización, cobertura obligada para atender, concesiones de territorios exclusivos, y a trazar restricciones sobre la calidad y la estandarización, entre otras muchas actuaciones.” (Germán Darío Valencia Agudelo Metamorfosis del Estado: de empresario a regulador. El caso del servicios público de electricidad en Colombia página 3)

En ese contexto histórico que cita el mismo autor señala que:  

 “[…]el Estado de Bienestar es una […] Obra conjunta de economistas y políticos norteamericanos, que consistió en un paquete de políticas administrativas del Estado con características progresistas, que buscaba una normativa eficaz de las tarifas de los servicios públicos, una limitación de los intereses crediticios, una política de apoyo al movimiento sindical y un sistema estatal de subsidio de desempleo.” (Metamorfosis del Estado: de empresario a regulador. El caso del servicios público de electricidad en Colombia página 4)

Y en ese sentido se puede llegar a decir que la misma evolución de las relaciones entre el estado, sociedad e individuo a lo largo del siglo XX confluyeron en la búsqueda de cerrar las franjas en sus relaciones en aras de garantizar un mejor entendimiento, y bienestar de los individuos vistos y valorados como ciudadanos, ahora bien, si se quiere dilucidar mejor este fenómeno el autor nos indica lo siguiente:

El “…Estado [debe] intervenir enormemente en los asuntos económicos, tratando con ello de corregir los fallos del mercado, potenciar el crecimiento y el desarrollo, estabilizar la economía y generar un ambiente propicio para que los ciudadanos estén con las  condiciones de vida necesarias para vivir dignamente. En este sentido, el Gobierno debería intervenir la producción de bienes y servicios (en bienes tales como carreteras,  infraestructura portuaria, industrias, entre otras, y en servicios como la salud, educación, electricidad, agua potable, alcantarillado, entre otros); además debería dar subsidios a los ciudadanos que no tienen las condiciones mínimas para vivir, y en participar activamente en otros asuntos que no es posible dejar al mercado y que es necesario dirigir (Galbraith, 1989).” (Valencia Agudelo Germán Darío, Metamorfosis del Estado: de empresario a regulador. El caso del servicios público de electricidad en Colombia página 5)

Pues bien, esta evolución sin lugar se construyó bajo hechos notorios, y, se le impuso un nuevo roll al  estado, el de “Regulador”,  el cual se sustenta sobre la base permanente de los defectos no solo del mimo sino que se le sumaba aquellas situaciones especiales referentes a la dinámica económica que de una u otra forma generaban lo que se conoce como “fallos”; de allí que fuera necesario que varios académicos realizaran estudios económicos sobre las -regulaciones-, siendo los más importantes exponentes los presentados por George Stigler (1971), y  Sam Peltzman (1976) que pertenecían a la  Escuela de Economía de Chicago y reconocieron  la  importancia de la “regulación”.

Simplemente por mencionar algún aspecto relevante se tomara el caso de “Stigler” quien en su calidad de académico  concentró sus estudios en la "economía de la información" y de la "economía de la regulación".  Y para efectos de este artículo se procederá a realizar una mención sumaria, -meramente ilustrativa-, tratando de interpretar sus aportes respecto del fenómeno de la “regulación pública”. En ese sentido se puede comentar que su contribución consistió en que la misma (regulación),  pasó a ser incorporada al interior del sistema económico, indicando el modo de cómo los grupos de presión  pretendían encauzarla en su provecho.

Así pues, vale la pena anotar  a modo de ejemplo y referente histórico  lo que se escribió sobre el economista  en palabras del diario “EL PAIS”  frente a su trabajo académico de la siguiente manera:

  “[había]… mostrado que la reglamentación de tarifas [de electricidad] no había tenido efectos notorios. Esto puede explicarse por el hecho de que las reglamentaciones pueden descansar sobre una idea errónea de las condiciones reales y son difícilmente aplicables en la práctica. Stigler ha formulado la hipótesis de que ciertas reglamentaciones pueden ser concebidas con el fin de proteger en la práctica a empresas.” Negrilla y subrayado fuera del texto (Tomado 23 de septiembre de 2016 http://elpais.com/diario/1982/10/21/economia/404002814_850215.html)

Así pues,  se puede observar que ya era evidente la necesidad creciente de que de que los estados planearan mejor sus formas de intervención en los mercados para hacerlos más eficiente sin embargo también es necesario advertir que la intervención empezó a generar problemas en la economía ya que: 

“…la acción reguladora de los gobiernos comenzó a ser considerada como un problema económico pertinente. Se fue desarrollando la teoría de los "fallos del Estado" que no excluía sino que, combinada con la de los "fallos del mercado", debía constituir el fundamento racional de las intervenciones reguladoras (Winston, 1993).” (Valencia Agudelo Germán Darío, Metamorfosis del Estado: de empresario a regulador. El caso del servicios público de electricidad en Colombia página 6)

Que en ultimas no es otra cosa que decir el estado también se equivoca, y en ese caso lo que se puede observar es que la intervención del estado se da partiendo de una realidad social que en su momento no era considerada por la teoría del estado, en otras palabras, la función reguladora vista desde una perspectiva económica  hacía  necesaria la intervención del estado, ya que el  mercado no puede dejarse sin control pues provoca secuelas en el mismo muy serias, en otras palabras; “el dejar hacer el dejar pasar” no es posible dejarlo libre y sin control bajo el esquema presentado, y se hace necesaria la intervención, pero el asunto desde mi opinión consiste en ¿cómo debe intervenir el estado? ya que el mercado en sí mismo requiere de controles para impedir que los derechos de las personas resulten perjudicados razón resulta pertinente señalar lo siguiente que:

“Los Gobiernos saben que para lograr el óptimo funcionamiento de los mercados requiere intervenir en ellos, pero de otra forma a la que tradicionalmente venía realizando. Han comprendido que no se puede dejar el laissez faire actuar a sus anchas, que requiere de su actuación para funcionar adecuadamente. Su interés se centra, por ejemplo, en aspectos como el diseño de los sistemas de propiedad y la imposición de sanciones a infractores. Ahora,

 “…los mercados han de ser entendidos como construcciones legales e institucionales, que deben ser evaluados sobre la base de su capacidad de promover intereses humanos, y no como parte de un supuesto orden natural cuya emergencia sólo requeriría la retirada del Estado o como un simple medio para promover las interacciones voluntarias" (Sunstein, 1997, 5). (Valencia Agudelo Germán Darío Metamorfosis del Estado: de empresario a regulador. El caso del servicios público de electricidad en Colombia página 8)

De lo anteriormente descrito se puede manifestar que el estado o mejor el gobierno en la actualidad tiene nuevas funciones, como por ejemplo:

1.      Frenar los abusos cometidos por determinadas empresas del sector privado en el ámbito de las actividades industriales de interés público.

2.      El estado se convierte en el garante del sistema económico, y su “función de policía” se debe entender como la función reguladora que se desarrollara frente y por las agencias independientes sustentadas en la concepción del poder público.

Algunas posiciones doctrinarias.

Ahora bien, de otro lado resulta interesante abordar el tema dándole un vistazo sumario a la regulación y sería conveniente resaltar nuevamente que hay una posición en la doctrina colombiana como la del profesor Jaime Vidal Perdomo citado anteriormente, y quien de manera acertada y parafraseándolo un poco -plantea el hecho de que la dependencia de las comisiones de regulación por parte del ejecutivo, afectarían la función de –regulación en su carácter técnico- . Lo anterior teniendo en cuenta que se podrían crear sumisiones funcionales o administrativas, razón por la cual sería necesario que las mismas sean totalmente independientes del poder ejecutivo, cuestión esta que en Colombia ya es difícil de por sí, porque existe un sistema predominantemente presidencialista.

Adicionalmente el profesor Vidal en su estudio de  “LAS COMISIONES DE REGULACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL COLOMBIANA” resalta en especial la sentencia la Sentencia de la Corte Constitucional C-272, de 3 de junio de 1998 (Magistrado Ponente Alejandro Martínez Caballero) donde se muestra la influencia que el poder ejecutivo  en Colombia ejerce el ejecutivo sobre la función reguladora y señala que:

“…No obstante la reserva de la unidad nacional, la sentencia sienta la tesis de que se puede delegar cualquier función presidencial salvo que existan razones poderosas que afecten el fuero presidencial, lo que no ocurre, concluye el periplo conceptual, en el caso del art. 68 de la ley 142 de 1994.

El fallo remata su argumentación analizada en forma resumida expresando que las facultades del art. 370 son de carácter administrativo que cumple el presidente como suprema autoridad administrativa, por lo cual la delegación resulta pertinente.” Subrayado fuera del texto  LAS COMISIONES DE REGULACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL COLOMBIANA Pg 434.

Que en otras palabras, para el caso colombiano la subordinación de la función reguladora se encuentra frente al ejecutivo y no hay plena autonomía técnica en sus decisiones, y continúa el mismo texto señalando lo siguiente:

“Otros aspectos interesantes de la sentencia como el del entendido de regular no van a presentarse en este análisis; hay una remisión, naturalmente, a las disposiciones constitucionales (arts. 365 y siguientes) en los cuales se plasma lo que puede denominarse el «nuevo servicio público», en cuanto autoriza la prestación por particulares y la sujeción a un régimen que no es necesariamente de derecho público. Debe recordarse que esto hace parte de las «crisis» de la teoría del servicio público que los autores de derecho hemos explicado.” LAS COMISIONES DE REGULACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL COLOMBIANA Pg. 435

Y en ese sentido el mismo autor señala para el caso de Francia que: “Dentro de los poderes se inscriben el de dictar reglas (regulación), tomar decisiones individuales y el de coerción. Algunas de estas facultades inquietan por la posibilidad de afectar funciones de soberanía privando de ellas a órganos constitucionales.” LAS COMISIONES DE REGULACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL COLOMBIANA Francia pág. 430.

De lo anterior se puede señalar desde ya que la regulación se puede entender para el caso Colombiano y solo para el caso Colombiano, como una forma de administración que depende del ejecutivo, es decir sin independencia política y por ende se puede llegar que desnaturaliza la razón de ser o el fin final de las comisiones de regulación, pues es evidente que la autonomía técnica se somete a los intereses políticos de turno.

Ahora bien si lo que buscamos es realizar una comparación marginal del tema es necesario entrar a decir que para unos la regulación se entiende como

“[…] un conjunto de normas generales y especificas impuestas por las agencias de regulación estatales que interfieren directamente en el mecanismo de asignación de los mercados, o indirectamente alterando las decisiones de oferta y demanda de los usuarios y de las empresas prestadoras del servicio.

En este sentido las regulaciones son limitaciones impuestas a la libertad de los ciudadanos y de las empresas por presumibles razones de interés público. Las regulaciones, así entendidas, se expresan tanto en leyes como en reglamentos y órdenes o actos administrativos producidos en los diferentes niveles de gobierno o en las organizaciones no gubernamentales o autoreguladas que tengan poderes reguladores delegados.” (Valencia Agudelo Germán Darío, Metamorfosis del Estado: de empresario a regulador. El caso del servicios público de electricidad en Colombia página 12)

Y que de acuerdo a su forma de proceder y de actuar a su –modo operativo-  lo que se busca es  que la competencia  económica se incremente y se eviten abusos respecto al ciudadano, así para  Fernadez lo manifiesta diciendo que es un objetivo de la siguiente manera:

“El objetivo que pretende el gobierno es promover la competencia, incrementar la eficiencia económica mediante la reducción de barreras a la competencia y a la innovación, aumentar el bienestar tanto de los consumidores como de los inversionistas (vía calidad, precios y oportunidades); pretende también aumentar la eficiencia económica, la equidad, facilitar el acceso a la información relevante (Fernández, 2000, 78).” (Valencia Agudelo Germán Darío, Metamorfosis del Estado: de empresario a regulador. El caso del servicios público de electricidad en Colombia página 12)

Ahora otro orientación que se puede observar distinto al del profesor Vidal Perdomo y el de Valencia Agudelo es el planteado por Ileana Marlitt Melo Salcedo en su ensayo  LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS  E  INDEPENDIENTES, quien hace un recorrido por algunos países de Europa exponiendo el modo de operar de las autoridades regulatorias de la siguiente manera; por ejemplo para el caso de España, donde menciona que algunos autores declaran que es bueno que existan autoridades regulatorias y que en todo caso así tengan “independencia” de las otras ramas del poder lo -cierto es que siempre estarán sometidas al imperio de la ley- frente al asunto manifiesta lo siguiente:

“…algunos tratadistas no encuentran problema alguno en que existan estas autoridades puesto que si bien es cierto que ellas gozan de una amplia autonomía o independencia del Gobierno o de las autoridades de las comunidades autónomas, ello no les da patente de corso para que sus actos o sus decisiones rayen con la arbitrariedad e ilegalidad motivo por el cual sus actuaciones deben ser controladas por el Poder Judicial (Audiencia Nacional – Sala de lo Contencioso Administrativo) o por el Tribunal Constitucional en tanto que, a juicio de otros, esa independencia del Gobierno, no puede exceder los límites constitucionales que predicados por el artículo 97 de la Constitución española, se traducen en una independencia en términos de jerarquía, más no de dirección a cargo del Gobierno, puesto que sería inaceptable constitucionalmente que unas autoridades fueran más o menos objetivas que otras.” Melo, I. Los Órganos Autónomos  E  Independientes Pág. 8

También resulta interesante observar la posición desarrollada por profesor J. CHEVALIER, citado por la misma autora  Melo Salcedo  quien afirma que:

“…el carácter administrativo de estas autoridades independientes se deduce por la vía de la eliminación sucesiva.  Sólo pueden formar parte de la categoría residual de las autoridades administrativas y, dentro de ellas, ostentan un estatuto específico en la medida que escapan de la subordinación jerárquica, como una nueva variante de las estructuras administrativas.” Melo, I. Los Órganos Autónomos  E  Independientes Pág. 8   Pág. 9

También es necesario resaltar que en el mismo texto la autora cita al tratadista Ramón Parada[1], quien hace una valoración cronológica de la agencias indicando desde sus orígenes, las  “’Agencias Independientes” han nacido con la polémica a cuestas, como quiera que la Constitución americana en nada se refiere a las administraciones independientes.  Los constituyentes se imaginaban unas mínimas autoridades adscritas a algún Ministerio bajo la dirección del Presidente.  En ese sentido es en el que se dieron como un atentado a la atribución presidencial de vigilar la ejecución de las leyes.

“Para la mayoría, sin embargo, la costumbre constitucional habría lavado las agencias independientes de esta sospecha de inconstitucionalidad, restando importancia al hecho de que el Presidente no puede revocar, libremente, a los commissioners sin ‘justa’ causa, lo que se compensaría con los poderes de nombramiento.  Además, si bien el artículo II de la Constitución confiere al Presidente el derecho de obtener los informes sobre el funcionamiento de cualquier Departamento y le encarga velar por la ejecución de las leyes, tales poderes de información, supervisión y coordinación se ejercitarían sobre las Administraciones independientes por medio del Office of management and Budget, una oficina de presupuestos, que puede alterar sus créditos.  De otro lado se argumenta que las agencias independientes no se benefician de delegaciones legislativas ni de funciones judiciales propiamente dichas, sino de funciones cuasilegislativas y cuasijudiciales.” Melo, I. Los Órganos Autónomos  E  Independientes Pág. 10-11.

De otro lado, vale la pena señalar que estos fenómenos que hemos visto a lo largo de estos breves comentarios hay uno en particular que en mi criterio  vale la pena resaltar por su contenido y es el siguiente:

“Un proceso de fragmentación se produce, bajo el efecto de una dinámica centrífuga: mientras que la autonomía de las estructuras personalizadas, especie de "descentralización funcional, se refuerza ("agencias" en el sentido estadounidense del término), y una política tendiente a responsabilizar los servicios gestores, especie de "desconcentración funcional", busca extender su capacidad de iniciativa ("agencias" al sentido británico del término),los gestores privados se ven cada vez más encargados del ejercicio de las funciones estatales; por lo tanto, el Estado aparece cada vez más como un montaje heteróclito de dispositivos que disponen de su racionalidad propia de funcionamiento. La lógica de la posmodernidad penetra pues al aparato estatal, y supone una diversificación creciente de sus elementos constitutivos.” Jacques Chevallier El Estado Posmoderno Pág. 160

Que en ese orden de ideas, se puede decir que el conflicto en  esta temática gira en torno a que resulta para algunos sistemas jurídicos inconcebible pero necesario que las agencias tengan independencia técnica absoluta y que por tal razón se requiere que dependan o estén bajo la supervisión de alguna de las ramas públicas del poder.

Sin embargo, existen otros sistemas jurídicos donde lo importante es que se mantenga la independencia sobretodo en cuanto al aspecto técnico que representan, sobre todo en este último ya que la razón de ser consiste en evitar la interferencia innecesaria de las ramas del poder público en aspectos tan sensibles como la economía.

Así las cosas, a mi modo de ver, es notorio que lo que se presenta en el caso Colombiano es en esencia un fenómeno de  poli-centrismo administrativo ya que las agencias son una forma de desglosar sin que pierdan su epicentro de actividad, pero lo que debe operar es la independencia técnica de las agencias, actuar como verdaderos órganos extra-rama que perteneciendo al poder público tengan la capacidad suficiente de tomar decisiones independientes aun en contra de la configuración del poder político.

En otras palabras, es una nueva forma de administración la que prima, cuyos límites deben ser única y exclusivamente aquellos que establezcan la ley y las reglas técnicas propias de su función y su fin administrativo, ya que a mi modo de ver las agencias deben responder a necesidades coyunturales sociales de orden técnico que brinden una relativa permanencia, que sea capaz de responder a los cambios sociales con una función de mantenimiento de tejido social.

Bibliografía

Vidal Perdomo J,  Las Comisiones De Regulación De Servicios Públicos En La Jurisprudencia Constitucional Colombiana. 

Metamorfosis del Estado: de empresario a regulador. El Caso De Los Servicios Público De Electricidad En Colombia.

Chevallier, J  El Estado Posmoderno

PARADA, Ramón. Derecho Administrativo II. Decimotercera Edición, edit Marcial Pons, Barcelona 1999.

http://elpais.com/diario/1982/10/21/economia/404002814_850215.html

Por Jonathan Delgado.

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[1]PARADA, Ramón. Derecho Administrativo II . Decimotercera Edición, edit Marcial Pons, Barcelona 1999.

Parada Ramón, op.cit., p. 314-315

IDEOLOGÍA O IMPOSTURA DE GÉNERO?

http://www.periodismosinfronteras.org/ideologia-o-impostura-de-genero.html

Tomado de PERIODISMO SIN FRONTERAS.

Eric Fassin, uno de los adictos a la teoría de género, confiesa: “Lo que cuestionamos es la heterosexualidad. Tenemos que pensar un mundo en el que la heterosexualidad no sea lo normal”

Eduardo Mackenzie

Por Eduardo Mackenzie
18 de agosto de 2016

No creamos que las cartillas pornográficas de la ministra Gina Parody desaparecerán tras las numerosas manifestaciones populares de rechazo del 10 de agosto pasado. La jefa de la cartera de Educación y el señor Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, optaron por mentir, y por mentir en grande, ante el tremendo clamor ciudadano que se moviliza en defensa de la familia y de los derechos de los niños. Ambos negaron que esas cartillas existieran y que la política del régimen sea la de imponer al precio que sea la “ideología de género” en el sistema educativo del país.

Ambas denegaciones son escandalosas. La existencia de esos textos, su distribución en escuelas y colegios, así como las instrucciones oficiales para impartir semejante “saber” a los menores, son hechos que han sido probados y expuestos por la prensa, por la Procuraduría General, por la Iglesia católica, por las asociaciones de padres de familia y hasta por numerosos rectores de colegios y escuelas públicas.

Una conocida página web de Bogotá demostró que el ministerio que dirige Gina Parody contrató en marzo de 2016, con un organismo de la ONU, la redacción de folletos destinados a los maestros para que formen a los niños en la teoría de género, bajo la apariencia de una enseñanza banal sobre el “respeto a las diferentes y a las opciones sexuales”. El ministerio pagó por eso $1.585 millones. Según la prensa, hay otros documentos del mismo calibre en preparación.

La colérica actitud de Gina Parody ante el debate parlamentario que sobre ese tema organizó el Centro Democrático, y ante las críticas que recibe de todas partes, no auspicia nada bueno. Ella tratará de imponer sus intereses. Ella no reconoce que abusó de su posición dominante, que la teoría de género es nefasta para el desarrollo emocional e intelectual de la niñez y de la juventud y que los colombianos tienen derecho a proteger a sus familias contra la intrusión del Estado. Encendida al rojo vivo por la revuelta ciudadana que pide su renuncia, ella dice que son los otros, no ella, los que están equivocados, los que “manipulan” y promueven una “política de odio, división y exclusión”.

¿Se podía esperar una reacción distinta de Gina Parody? Ella es miembro de una clique de gobierno que se acostumbró a avanzar como una aplanadora por encima de la ciudadanía, a imponer a los demás sus errores, a hacer pasar como “paz” y como “interés general” sus obscuras ambiciones personales. Tal arrogancia del poder obliga a la opinión pública a organizarse y a movilizarse en las calles. Es lo que estamos viendo.

Ruth Olmos, rectora de un colegio de Mariquita (Tolima), resumió así lo que piensan millones de padres de familia: “La ideología de género indicaba que no nacemos hombre o mujer, sino que es un concepto social que se impone (…) Yo no lo creo. Yo he formado mi familia de otra manera. Es respetable, pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo de enseñarle a un niño que no es niño ni niña. Las familias en Colombia educamos a nuestros niños de acuerdo al sexo con el que nacen”.

La teoría de género pretende, en efecto, abolir la educación tradicional y dislocar a la familia. En algunos países manipula, como en Colombia, el aparato escolar para impulsar esa obra de trasgresión fundamental. La idea es que el Estado retire a los padres de familia sus derechos tutelares sobre el hogar. Pretende que los educadores sean los que controlen el desarrollo emocional, intelectual y sensitivo de los niños.

Un personal adiestrado en eso enfatizará que la identidad sexual de las personas no es un hecho natural, sino un producto “social”. Buscará diluir en niños y jóvenes sus identidades sexuales, mediante una pedagogía de la indiferenciación. El sofisma de Simone de Beauvoir “No se nace mujer, se llega a ser mujer”, es utilizado como la verdad revelada en esa cruzada subversiva. El objetivo último de la manipulación izquierdista (pues son esas corrientes las que impulsan esa “revolución”) es que los jóvenes, como lo denuncia Julie Graziani, adversaria de la teoría de género en Francia, lleguen a la conclusión de que “un hombre y una mujer es lo mismo; luego un papá y una mamá es lo mismo; luego se puede tener dos papás o dos mamás”.

Asimilada tal opinión, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo será visto como algo normal. Aquí lo que está en cuestión no es el derecho que tienen las parejas homosexuales a realizar uniones civiles que generen garantías y derechos (en materia de impuestos, herencia, etc.), lo que reduce considerablemente las desigualdades respecto de las otras parejas. No está en cuestión el derecho de los homosexuales a vivir su sexualidad tranquilamente y en privado, y a disfrutar de la “igualdad de oportunidades”. Lo que genera debate es que, en nombre de una supuesta igualdad de sexualidades, ellos exijan los mismos derechos de las parejas heterosexuales: matrimonio, familia, hijos, adopciones. Los sectores más extremos piden ir más lejos: un cambio total de valores. Eric Fassin, uno de los adictos a esa teoría, confiesa: “Lo que cuestionamos es la heterosexualidad. Tenemos que pensar un mundo en el que la heterosexualidad no sea lo normal”.

Es esencial que la persona humana conozca sus orígenes. El hijo de una pareja homosexual carecerá de ese derecho. Un niño nacido mediante la PMA (procreación médicamente asistida), o mediante la GPA (gestación para otro, o alquiler de un vientre), corre el riesgo de no saber quién fue su padre o su madre.

Para su correcta estructuración psíquica, social y emocional, todo niño necesita tener durante su crecimiento un modelo de alteridad sexual, un referente hombre y un referente mujer. Desposeerlo de esa alteridad y de la filiación maternal-paternal es inaceptable. La ideología LGBT pretende romper la continuidad natural y forjar un nuevo tipo de seres humanos, transformar las personas en seres andróginos, neutros, ni verdaderamente hombres ni verdaderamente mujeres, hombres y mujeres que, además, no saben quién es o quien fue su padre o su madre.

Substituir la realidad vital del ser humano por un esquema simbólico arbitrario, es la esencia de la teoría de género. Lo que está en juego es enorme. Esa superchería pretende negar que la civilización humana, desde sus comienzos, ha respetado el orden natural y que la cultura ha reforzado la diferencia natural. Los papeles de lo masculino y de lo femenino, forjados por la naturaleza, son consolidados por la cultura, por la sabiduría ancestral. Esta no ha hecho lo contrario. La teoría de género, creyendo que la ciencia y el dinero pueden hacerlo todo, cree que puede invertir ese orden y “cambiar la civilización humana”.

Rodolfo Palomino (dir Policía Nacional), y el congresista Carlos Ferro, miembros de una red de prostitución homosexual en ambas instituciones en Colombia

En realidad, el mundo que proyecta esa teoría es detestable. Dominado por los valores gay, el nuevo modelo trasforma a la mujer en máquina que fabrica hijos para una clientela: dos hombres o dos mujeres que no buscan sino su bienestar egoísta. Como si el “derecho al niño” existiera. La fabricación de niños adoptables, destinados a ser abandonados, es un acto inhumano y anti ético. Ese hijo será privado de su madre y no tendrá un linaje maternal y no tendrá a nadie a quien llamar mamá. ¿Es ético hacer pagar ese precio a los niños, pues dos hombres, gracias a una legislación desaforada, tendrían ese derecho?

La esclavitud de las mujeres de los países más pobres, ya comenzó. Hay clínicas en India donde permanecen mujeres que han alquilado sus vientres para portar los embriones de parejas occidentales. El dinero y la medicina de punta están ya fomentando en algunos países un mercado de niños por catálogo para los gays más ricos.

La teoría de género no se limita a cambiar “las mentalidades” sobre la “tolerancia” y la “igualdad sexual” en los colegios: sus consecuencias prácticas son devastadoras. Esa teoría es una empresa totalitaria camuflada que busca “cambiar la civilización”, y que se muestra indiferente a que la sociedad deba pagar un precio monumental: el maltrato de los niños, convirtiéndolos en objetos de venta, de adopciones, separados de sus genitores, privados de filiación, de equilibrio psicológico, de un papá y de una mamá. Millones de mujeres serán reducidas, por dinero, a ser únicamente vientres, fábricas de seres humanos que son destinados a otros.

Discutir de estas cosas es un debate legítimo. Hay que frenar la dinámica legislativa al respecto, sobre todo frente a los desarrollos últimos de esa teoría, como son la PMA y GPA, prácticas declaradas ilegales en varios países.

TOMA FORMA LA OPOSICIÓN AL PLEBISCITO. PERO SOBRE TODO, CRECE LA CONCIENCIA DE QUE HAY QUE SALVAR A COLOMBIA.

Opositores al Plebiscito se organizan: nace el Movimiento de Unidad Republicana

Con una carta dirigida a los ex presidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana y otros dirigentes, un amplio grupo de ciudadanos con representación en los sectores políticos, empresariales y de opinión, además de ex militares invitan a la creación del Movimiento de Unidad republicana que será  lanzado el próximo 7 de agosto. Esta es la carta y sus firmantes:

UN MOVIMIENTO DE UNIDAD REPUBLICANA

 Bogotá, julio de 2016 Señore(a)s:

Álvaro Uribe Vélez (Expresidente de Colombia) – Andrés Pastrana Arango (Expresidente de Colombia) – Marta Lucía Ramírez (Excandidata presidencial) – Sofía Gaviria Correa (Senadora de la República) – Jaime Castro Castro (Exministro, exsenador, exalcalde de Bogotá) – Irene Gaviria Correa (Directora periódico El Mundo) – General (r.) Héctor Fabio Velasco Chávez (Ex comandante de la FAC) – General (r.) Harold Bedoya Pizarro (Ex comandante FFMM) – Monseñor Libardo Ramírez Gómez (Obispo Emérito de Garzón) – Guillermo Botero Nieto (Presidente de Fenalco) – Rafael Mejía López (Presidente SAC) – José Félix Lafaurie Rivera (Presidente de Fedegan) – Carlos Julio Ardila Gaviria (Empresario) – Alberto Montoya Puyana (Empresario y ex senador) – Jens Mesa Dishington (Presidente Fedepalma) – Luis Prieto Ocampo (Ex alcalde, empresario) – Carlos Lleras de la Fuente (Ex constituyente de 1991 y columnista) – Juan Lozano (Ex senador y columnista) – Plinio Apuleyo Mendoza (Escritor y columnista) – Diana Sofía Giraldo (Representante de víctimas, columnista) E.S.M.

 Respetados Dirigentes Nacionales:

 Nos dirigimos a ustedes, así como por su intermedio a otros numerosos colombianos que ejercen similar liderazgo en las más variadas organizaciones sociales, cívicas, gremiales, políticas, sindicales, de militares en retiro, de indígenas, de campesinos, de comunidades afrodescendientes, y en actividades culturales, científicas, deportivas, profesionales, empresariales, religiosas, educativas, de salud, en fin, en toda la gama de labores en que se desempeñan nuestros compatriotas, para hacerles un llamado fervoroso. Los colombianos vivimos una coyuntura histórica en la que se desmorona el Estado de Derecho y se desploman las instituciones de la democracia. Una torcida conjunción del Ejecutivo con una organización guerrillera que hasta hace pocos años se encontraba derrotada militar y políticamente, y ahora ha sido revitalizada, se ha convertido en la mayor amenaza para el futuro de la República. En nombre de la paz han decidido crear un aparato judicial especial por fuera de la estructura de la rama jurisdiccional, con el fin declarado de que los crímenes atroces cometidos por los terroristas no sean castigados penalmente con privación de su libertad, permitiéndoles gozar de una amnistía especial e impunidad completa para ejercer plenos derechos políticos; y con la potestad de juzgar al resto de los colombianos con las reglas que tenga a bien establecer. Los acuerdos firmados no cumplen con los principios básicos del derecho transicional -verdad, justicia, reparación y no  repetición-, y por tanto no satisfacen a las víctimas. Los victimarios, por el contrario, son elevados a la categoría de víctimas del sistema. El actual Presidente de la República pactó el cese bilateral del fuego, paralizando la acción de la Fuerza Pública, mientras las Farc siguen obteniendo ingresos fabulosos por el comercio ilegal de drogas y la explotación de la minería, así como la extorsión “voluntaria” en las regiones donde tienen presencia. El Congreso, entregado a la más evidente concupiscencia de un clientelismo alimentado por el Ejecutivo, delegó su capacidad legislativa en el Presidente, quien usará esa facultad para ahondar más la relación de subalternidad del gobierno con las Farc, lo más parecido a un vergonzoso y punible ayuntamiento político, y decidió arteramente elevar lo acordado a puerta cerrada en La Habana a norma constitucional. Por las razones anteriores y otras que son de público conocimiento, esta comunicación tiene como objetivo proponerles la creación de un frente común, expresión de la pluralidad de la sociedad colombiana, donde quepan todos los demócratas de las más variadas corrientes y ciudadanos independientes, que trabaje mancomunadamente para forjar un Movimiento de Unidad Republicana que enfrente, desde la legalidad y de la acción civilista y ciudadana, la descomposición del régimen actual. Son ustedes los llamados a liderarlo, con la seguridad de que contarán con el respaldo de un mayoritario contingente de colombianos que desean fervientemente la paz, pero disienten de las fórmulas hasta ahora acordadas en La Habana. El plebiscito que se anuncia para refrendar en bloque tales acuerdos, sin permitir el pronunciamiento detallado sobre su amplio contenido ni respetar las mínimas reglas democráticas, es el primer reto que habrá necesidad de enfrentar, a fin de derrotar la trampa que se nos tiende y buscar una paz justa, sin impunidad ni peligrosas concesiones que pongan en riesgo la institucionalidad. Con tal fin nos atrevemos a sugerirles la convocatoria de una primera reunión nacional, en la capital de la república, para debatir estas ideas y dar inicio a la acción ciudadana propuesta, en la fecha emblemática del próximo 7 de agosto, para ratificar nuestra indeclinable decisión de defender a toda costa las libertades que nos legaron los héroes de nuestra independencia.

Atentamente

Juan Gómez Martínez – Mariano Ospina Hernández – Jesús Vallejo Mejía – Ignacio Valencia López – Coronel (r.) Alfonso Plazas Vega – Fernando Londoño Hoyos – Jaime Jaramillo Panesso – Rafael Nieto Navia – Rafael Nieto Loaiza – José Obdulio Gaviria Vélez – Carlos Holguín Sardi – Rafael Gómez Martínez – Raúl E. Tamayo Gaviria – Ana Mercedes Gómez Martínez  – Pedro Pablo Betancur Toledo – Saúl Hernández Bolívar – Eduardo Mackenzie – María Clara Ospina – Diego José Tobón Echeverry – Coronel (r.) Germán Velásquez Román – Coronel (r.) Jaime Acosta M. – Capitán (r.) Rodrigo Carvajal Franco – Carlos Salas Silva – Alfonso Monsalve Solórzano – Darío Acevedo Carmona – Juan David Escobar Valencia – Gonzalo España Arenas – Helena Baraya de Ospina – Cristina De Toro Francisco – Javier Saldarriaga Aristizábal – Ricardo Puentes Melo – Rafael Uribe Uribe – José Alvear Sanín – Enrique Albeiro Franco – Gerardo de Jesús Sánchez Zapata – Alex Iván Ortiz Bueno – Ariel Peña González – Ximena Ospina Duque – Mario Hernández Miranda – Luz Stella Ríos Tobón – Libardo Botero Campuzano – Álvaro Jiménez Guzmán – Jaime F. Dangond Dangond – Jorge Escobar Restrepo – Juan Diego Murillo Giraldo – Tania Rodríguez Morales – Nelson Roberto Pardo Giraldo – Alberto Rendón Cuartas – Gonzalo Mejía Córdoba – Ligia Martínez Maluendas – Luz Mery Vega Cuartas – Humberto Restrepo Valencia – Teniente Coronel (r.) Álvaro Quijano Quijano – Alfonso Vergara – Rauìl de Jesuìs Botero Nicholls – Jorge Leìon Peìrez Peláez – Edgar Molina – Oscar Mario Gutieìrrez Vásquez – Iván Darío Saldarriaga – Carlos Alberto Gómez Fajardo – Joseì Manuel Veìlez – Ramiro Veìlez – Luz María Paz – Marylu Nicholls – Luis Moreno Jaramillo – Jaime García – Johel Moreno Sánchez – Luis Horacio Lora Restrepo – Luis Fernando Restrepo Márquez – Marcela González Blair – Daniel Uribe Navarro – Rosa Roldán Betancur – Jairo Gómez – Nora López – Rafael Vanegas Gómez – Alberto Sanín Díaz – Hernán Botero Duque – Gustavo Martinez – Juan Ernesto Molina Morales – Mauricio Veìlez Restrepo – Luis Javier Tamayo Cárdenas – Aìlvaro Naranjo Flórez – Gustavo García Maya – Mario Saldarriaga – Hugo D Amato Bassi – Ramón Córdoba Palacio – Hernán Moreno Sierra – Gloria Córdoba – Clara Cecilia Uribe Guzmán – Gloria María Restrepo – Anita González – Rafael Peìrez – Amaury Martelo – Asdrubal Angulo Romanovich – Ramiro SaldanÞa Ameìzquita – Joseì Miguel Veìlez – Joseì David Valencia – María Mercedez Villegas – Carlos Alberto Jaramillo Aìngel – Rafael Giraldo – Luz Aìngela Toro Echavarría – Jairo CastanÞeda Orozco y Uribe – Mauricio Ospina Echavarría – Isabel Gómez – Ramón Córdoba Palacio – Hebert Galvis Navia – Vicente Miranda Melo – Rosita Camacho. De h

Las 2 Orillas , Bogotá, Julio 30 de 2016.

LOS CONSERVADORES SIN PARTIDO

El glorioso pero casi extinto Partido Conservador Colombiano  presento en estos últimos días tal vez lo que puede ser considerado como el último espectáculo de su decadencia institucional,  debido a la falta de transparencia de las directivas parlamentarias del DNC que lograron materializar con  sus muy dudadas maniobras que la convención conservadora no se realizara antes del plebiscito por la paz.

¿Un temor justificado? Si, a una segura  y aplastante derrota los caricaturescos  líderes regionales conservadores que promueven la impunidad Gobiernista, esa que habla de derechos electorales y curules directas a los reclutadores de niños, esa misma que puso la bomba en el Nogal y que aun al día de hoy hace parte de la lista Clinton, esa  que pretende que los perpetradores de crímenes atroces tengan curul por cárcel, esa misma que pretende borrar a las víctimas de las Farc de la memoria histórica del país,  y hacer de la impunidad la verdad verdadera.

Así al leer y escuchar los reclamos justificados  de la jefe natural Marta Lucia Ramírez y de otro lado las pobres excusas del pseudo-conservador David Barguil presidente del Directorio Nacional, que no es ni chicha ni limonada-,  quedo demostrado que el complot contra la militancia conservadora se teje desde las Directivas del mismo Partido, debido a la falta de coherencia de sus líderes regionales y su intensión firme de impedir a cualquier costo  la materialización de un liderazgo conservador nacional real que identifique y unifique a las bases en torno a que  se manifiesten nuevamente en contra de los interés personales de los promotores del “si” a la impunidad.

Es triste ver que al día de hoy  la suerte del PCC se vea sometida a la jefatura de unos personajes -indoctrinarios, vanidosos y faltos de liderazgo-, que casualmente son los mismos que respaldan la impunidad de la Habana, y  que lo único que tienen y pueden ofrecerle al país y a la militancia de Partido son las migajas que caen de la mesa del peor gobierno de la historia de Colombia.

Y como si fuera poco lo gracioso es que salen a  posar de “personajes independientes”,  cuando es un hecho notorio que su criterio depende de la mermelada azul, respaldad por la rivalidad mezquina y desproporcionada de las burlescas cuotas burocráticas de algunos de los miembros más representativos del DNC y que lo único que han hecho es  construirle  un sepulcro al  Partido de Caro y Ospina.

De tal forma que así quieran evitar lo inevitable, lo cierto es que  para las próximas elecciones  estarán sin votos pues la militancia conservadora --que si es independiente-, ira a parar al Centro Democrático y votara con coherencia y le dirá no a la impunidad; adicionalmente y como si fuera poco estarán sin ideas ya que sus propuestas se sustentaran en una paz que respalda y legitima los crímenes de un grupo narco-terrorista y violador de derechos humanos como las Farc, que no cuentan con perdón ni olvido de la sociedad colombiana de bien. Y estarán  con la identidad prestada a otros partidos, pues como es lógico  muchos conservadores buscaremos el carácter propio de los líderes de antaño como Ospina, Alzate,  y Laureano que lamentablemente ya no se encuentra el PCC.

Es triste decirlo y ser testigo histórico que después de llevar más de veinte  años de militancia activa conservadora lo que  hoy por hoy  observo con estupor es que la mal llamada e ilegítima dirigencia conservadora “la indoctrinaria”, le niega el derecho fundamental  bases de que se manifiesten en contra del proceso de paz en la convención, como es su derecho legítimo, solo por buscar el acomodo electoral de unos pocos reyezuelos oportunistas y calculadores.

Así hoy hay que decirlo sin temor que: –si la convención se realiza después del plebiscito los vergonzantes miembros del Directorio Nacional habrán dado un golpe de mano a las bases y a sus derechos legítimos y democráticos de decir y de escoger-, “un golpe de estado a los votantes godos” a eso  conservadores de pata pelada que se encuentran huérfanos, desamparados y son víctimas de la falta de carácter de algunos miembros de su propia dirigencia y, sobre de todo de aquellos que no se sabe si están con la mermelada de la impunidad  o en la justa oposición.

De tal manera que la pregunta que queda por hacer es ¿y conservadores para qué?

Por

Jonathan Delgado 

 @jonathandel333

CARTA DE MARTA LUCÍA RAMÍREZ DE RINCÓN

Bogotá D.C., 28 de Julio de 2016

Señores 

Negociadores del Gobierno Colombiano con las Farc

DR. Humberto de la Calle Lombana

DR. Sergio Jaramillo Caro

Jefes del Equipo Negociador del Gobierno

Ciudad

Apreciados Señores,

Atendiendo la invitación efectuada a ustedes por el Directorio Nacional Conservador, quiero a través de estas líneas reiterarles el reconocimiento por los esfuerzos realizados durante estos cuatro años y solicitarles de manera formal, resolver algunas dudas que tenemos frente al proceso para terminar el conflicto armado con las FARC. Varios de estos interrogantes los he planteado a ustedes en diferentes escenarios, bien como exintegrante de la Comisión de Paz, bien como excandidata presidencial del Partido en los paneles en que hemos coincidido. Los interrogantes que paso a formular, responden al análisis efectuado a los textos conocidos de la negociación, así como a la consulta con las bases conservadoras en diferentes recorridos por el país, o  en conversaciones telefónicas con las directivas regionales de nuestro Partido.

Para efectos de una posición oficial del Partido Conservador, resulta de vital importancia que se tenga en cuenta la opinión de las bases conservadoras, quienes en varias oportunidades han demostrado su fortaleza al interior del Partido y en los eventos electorales del país. Una posición de la Dirección Nacional del Partido sin tener en cuenta a los conservadores de base, carecería de legitimidad institucional y política.

Siempre que he formulado críticas a algunos aspectos del proceso, lo he hecho de manera   constructiva proponiendo fórmulas alternativas tales como aplicar a las FARC condiciones necesarias para negociar y en particular, suspender el reclutamiento de menores , devolver a los que tenían en su poder y a los secuestrados; la creación de un tribunal especial mixto para juzgar a los responsables de los crímenes graves cometidos durante el conflicto y la reclusión de los máximos responsables, así sea por un tiempo breve de 3 a 4 años en colonias penales agrícolas, entre otros. Todas las propuestas las he hecho, con el fin de aportar a una solución satisfactoria para una parte significativa de la sociedad civil la construcción de una paz verdadera , duradera y sin impunidad.

En este mismo sentido, quiero en nombre propio, de las bases conservadoras, de la mayoría de nuestros jóvenes  y de millones de colombianos, solicitarles que nos resuelvan de manera clara y concisa las siguientes preguntas frente al proceso que se adelanta en La Habana:

1. ¿Cómo y de qué manera se va a garantizar que los recursos provenientes del narcotráfico, secuestro, minería ilegal y extorsión van a ser entregados por parte de las FARC y cómo se va a asegurar a los colombianos que estos recursos no van a ser utilizados por ese grupo para hacer política? ¿Qué organismo cuantifica? ¿Quién verifica? ¿Quien recibirá los recursos de las FARC y cuánto aportará ese grupo a la reparación de las víctimas?

2. ¿Cómo van a garantizar la entrega de la totalidad de las armas en poder de las FARC, y bajo qué inventario se garantizará la entrega total de las armas en su poder? ¿Hubo algún inventario confidencial de armas, combatientes y milicianos de las FARC efectuado con anticipación por los países garantes? ¿El reconocimiento por parte de las FARC de que con sus acciones generaron víctimas que deben ser indemnizadas de forma efectiva, es parte expresa de la negociación, como condición necesaria para la reconciliación?

3. ¿Podrán los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad de las FARC participar en política a pesar de la prohibición hoy vigente en las normas legales y constitucionales? El país requiere saber cuántas curules tendrá las FARC por derecho propio sin someterse a periodos electorales en el Congreso de la República y en las corporaciones públicas y por cuantos periodos. 

4. ¿En qué consistirá la reclusión o la restricción de la libertad para los miembros de las FARC? ¿Se aplicará alguna reclusión o restricción de la libertad a los miembros de las FARC cuando hubiere confesión de crímenes atroces? ¿En donde? ¿Tendrán régimen penitenciario en su restricción de la libertad? La sociedad colombiana requiere que se le diga si los responsables de las extorsiones de que han sido víctimas tantos particulares serán procesados por la jurisdicción especial para la paz y si el narcotráfico se considerará conexo con el delito de rebelión. 

5. ¿Está previsto en la negociación que el Estado colombiano suspenda de inmediato las imputaciones contra los militares que llevan varios años detenidos, así como el exfiscal Montealegre dispuso suspender imputaciones contra los detenidos de las FARC desde Sept 23 del 2015? En el caso de los militares, a diferencia de las FARC, son miles los detenidos sin que se les hayan probado responsabilidades ni proferido condenas. 

Las respuestas a estas preguntas, el pronto conocimiento de los textos detallados de la negociación y la explicación al país sobre la manera en que se resolvieron las salvedades de las FARC a los primeros capítulos negociados, resultan indispensables para tomar una posición frente al plebiscito, manteniendo coherencia con los postulados fundacionales de nuestro Partido y en especial con su defensa histórica de las instituciones, del imperio de la ley, de la justicia y de la democracia.

Los temas allí contenidos, no son menores y los puntos pendientes de acordar son fundamentales para la estabilidad y durabilidad de la tan anhelada paz por todos nosotros. 

Sus respuestas despejaran no solo las dudas de la suscrita y los conservadores de base, sino también las de millones de colombianos que estamos comprometidos con una paz verdadera y duradera .

Cordialmente,

Marta Lucía Ramírez de Rincón 

Ex Candidata Presidencial Partido Conservador Colombiano
Miembro del Directorio Nacional Conservador