Simón Bolívar al Vicepresidente
Santander, abril 7 de 1825.
En estos días Colombia está
conmocionada por el revés que sufrió en la Haya frente al conflicto fronterizo con
Nicaragua pero cuando la democracia se
encuentra bajo sospecha cualquier tesis, hecho o actitud política puede resultar posible o mejor probable.
Cuando Juan Manuel Santos, se
manifestó respecto al asunto en los siguientes términos Colombia: “no seguirá compareciendo, en este asunto,ante la Corte Internacional de Justicia (...)”, lo que estaba haciendo de facto
era dando un golpe de opinión al “bloque
de constitucionalidad colombiano”, pues está desconociendo la jurisdicción de la Justicia Internacional.
Y el caso de Nicaragua es la excusa perfecta, pues lo que está sucediendo de facto, es que está abonando
el terreno para desconocer los otros tratados en especial los de Derechos Humanos suscritos por Colombia,
dejar sin dientes la posible intervención de los organismos internacionales
frente a los delitos atroces que cometieron los señores de las Farc. Esto es simplemente una lectura entre líneas, la otra jugada política de la paz.
Basta con observar las
reacciones patrioteras apenas unos minutos después de la lectura de la decisión
tomada por la CIJ en la Haya, pero miremos desprevenidamente la siguiente frase de Santos al referirse a
los que los “temas”, fueran cuales fueran,
“…no van a seguir sujetos a la decisión de un tercero y deberán abordarse mediante negociaciones directas entre las partes”, no es un asunto minúsculo pues
nada más y nada menos que el jefe de estado y de gobierno de una República, de
un estado social de derecho, que legislo de facto, y desconoció el bloque de
constitucionalidad de la Carta Política pues los tratados internacionales
ratificados por Colombia -indistintamente sean buenos o malos hacen parte de la
misma unidad constitucional-.
En ese orden de ideas, la aparente
afirmación patriótica del señor Presidente que al parecer no tiene un contenido jurídico pero si patriotero, no
es otra cosa que el aprovechamiento del momento de efervescencia y calor de la dignidad
nacional, para completar la otra jugada política la de la –paz-, ya que so
pretexto del diferendo limítrofe con Nicaragua se abrió la puerta para que el país
repudie los tratados internacionales y por ende la justicia internacional, -he aquí
mi tesis política del asunto; el mayor inconveniente que el proceso de paz enfrenta
es sin lugar a dudas la vinculación jurídica de Colombia con los tratados de derechos
humanos siendo el más importante el estatuto de Roma, esto se debe a que en sus
compromisos internacionales y contenido técnico de la norma el mismo hace parte
del bloque de constitucionalidad del país.
En ese orden de ideas, es
menester dejar en claro que es el mayor impedimento para firmar la paz pues se
ha convertido en el caballo de batalla
de la oposición y de los defensores de los derechos humanos.
Así pues, la única forma que
tendría el gobierno de lograr su tan mal armada paz para satisfacer sus espurias
vanidades sería un proceso sistemático
de desmonte de los tratados internacionales vinculantes jurídicamente para
el estado colombiano pero inconvenientes para el pos-conflicto y, las posibles admitías
e indultos que se podrían dar, pues estos son limites jurídicos y en teoría obligatorios
dado que hacen parte como ya lo dije antes del bloque de constitucionalidad, y
que sin lugar a dudas trae consigo responsabilidades para los violadores de
derechos humanos.
De ahí que la única forma
que tendría el gobierno de hacer la paz seria desconociendo dichos tratados y
una vez desmontándose expulsarlos de la Carta Política, ya que al tener una
herramienta jurídica contraria al interés político, es necesario crear una
nueva o una situación de hecho (Caso de Nicaragua), que le permita dar pequeños
y certeros golpes de opinión para crear una constitución a la medida de la paz
y no del actual bloque de constitucionalidad
de Colombia en lo que respecta a los tratados internacionales.
Así pues resulta que al
poner al país en una situación de desconocimiento de la “Justicia Internacional”
desconoce el mecanismo jurídico y por efecto domino a la Corte Penal
Internacional, bajo la misma premisa que no permitiré que un tercero “decida
sobre los asuntos de Colombia.” Y de esta forma en un futuro no muy lejano el
gobierno generaría una parálisis e indecisión de quienes tiene a su cargo la representación
judicial y política de los colombianos.
Y fatalmente la Corte
Constitucional en su ejercicio de juez constitucional no será tan exigente,
porque ya existe un precedente de inconveniencia nacional y dejara de lado su obligación
de actuar como juez de convencionalidad respecto del proceso de paz y los crímenes
atroces de las Farc, porque la paz todo lo puede por ser un valor supremo. Y de
esta forma se arrasa la tradición jurídica de Colombia a nivel internacional.
Por
Jonathan Fernando Delgado
Medina
No hay comentarios:
Publicar un comentario